No tengo claro quién dio la orden para arrebatarle el predio a la señora Yolanda Olaya. Lo cierto es que desde la alcaldía de Calarcá —algunos funcionarios— repiten una frase escalofriante: “no podemos perder”. Y esa consigna se ha traducido en una campaña sistemática de presión, hostigamiento y abuso de poder contra una mujer de 80 años que vive sola, acompañada apenas por dos perros.
(Doña Yolanda Olaya Valencia y su casa, municipio de Calarcá-Quindío)
Los cobardes de la alcaldía, a través de la Inspección de Policía, han hecho uso del aparato institucional como si fuera una herramienta de despojo. En lugar de proteger a una adulta mayor, la han asediado con visitas policiales, notificándole —sin orden judicial ni sentencia alguna— que debe desocupar la casa. A la fuerza, con miedo y sin verdad.
¿Por qué quieren usurparle el lote a doña Yolanda?
La pregunta clave es: ¿por qué este terreno se convirtió en objetivo del municipio? ¿Qué interés hay detrás? ¿Cuál fue el mecanismo para hacer creer que le pertenece al Estado y no a ella? La respuesta está en los documentos. Y en el fraude.
Todo comienza en 1928, cuando el entonces gobernador del departamento de Caldas le entrega un lote de terreno baldío, denominado “Aguacatal”, al señor Rafael Urrea. Así consta en la escritura Nro. 1078. Desde ese momento, el predio dejó de ser baldío y pasó a ser propiedad privada. Con la muerte de Rafael Urrea, sus ocho herederos reciben derecho sobre la propiedad.
En los documentos oficiales, específicamente en el certificado de tradición, se evidencia el paso de ese terreno por diferentes manos a lo largo de las décadas. Y desde 1981 no existe ningún registro que indique que el municipio de Calarcá haya sido propietario.
En 1990, el señor Misael de Jesús Restrepo Posada le vende legalmente el lote a la señora Yolanda Olaya Valencia. Desde entonces, ella ha sido la única dueña legítima. Sin embargo, en 2022, el municipio de Calarcá inicia un intento por apropiarse del lote, argumentando —sin sustento jurídico real— que el predio les pertenece.
Lo más lamentable es que este intento se basa en aprovecharse de una ciudadana mayor, sola y sin recursos para enfrentar una maquinaria estatal que actúa sin ética ni control. Desde esa fecha, el asedio ha sido constante. Y lo peor estaba por venir.
(Escrituras originales del predio de Yolanda Oyola Valencia)
El montaje.
(Pruebas presentadas en la querella por parte de la alcaldía de Calarcá, año 2022)
Lo que aquí se revela es la perversa habilidad de la Secretaría de Planeación de Calarcá para fabricar pruebas falsas con el fin de arrebatarle un predio legalmente adquirido a una mujer de 80 años. Todo comienza con una querella mal sustentada (ver arriba las pruebas presentadas por el municipio de Calarcá), interpuesta por la alcaldía en 2022, que se sostiene en una escritura manipulada, donde supuestamente el señor Mario Arbeláez Atehortúa cede al municipio varios terrenos. En esa escritura, se hace mención a “un lote de mayor extensión”, aludiendo falsamente al terreno de doña Yolanda Olaya, quien lo compró legalmente en 1990. Lo más grave es que el fraude no termina ahí. La alcaldía presenta como prueba el certificado Nro. 005663 del IGAC, que fue evidentemente manipulado. A través de maniobras internas desde la Secretaría de Planeación, se fuerza al IGAC a expedir un certificado con la matrícula Nro. 282-0009767, para intentar vincular el terreno de Yolanda con una propiedad totalmente distinta, ubicada en el barrio Centro de Calarcá, con ficha catastral 63130
010000890021000.
En resumen, las direcciones no coinciden, las fichas catastrales son incompatibles, las escrituras se contradicen y las fechas no cuadran. Se trata de un montaje burdo pero agresivo, que utiliza información real de otros predios, la mezcla con documentos falsos, y la presenta como argumento legal para desalojar a una mujer indefensa. Todo esto con la complicidad de funcionarios municipales que parecen actuar más como una red criminal que como servidores públicos.
Una mentira de largo aliento
Más allá del documento del IGAC adulterado, las inconsistencias son evidentes:
- La matrícula inmobiliaria 282-0009767 corresponde a una propiedad ubicada en la Calle 40 # 26-23, barrio Centro de Calarcá.
- Esa ficha catastral (63130010000890021000) no guarda ninguna relación con la ficha que aparece en el certificado falso del IGAC (010003050002000).
- La dirección “Calle 13A con carrera 34A”, que aparece en dicho certificado del IGAC, pertenece a una propiedad del señor Mario Atehortúa, vendida por Ricardo Agudelo en 1984 (escritura 939, matrícula 282-1796).
Pero incluso esa dirección tiene historia. La propiedad está en el barrio Balcones, un barrio que —según se sabe— se construyó sin licencias urbanísticas. ¿Por qué entonces la alcaldía relaciona predios sin licencia con una cesión inexistente, para después tratar de encajar todo con el lote de doña Yolanda? Porque es un fraude premeditado. Un montaje que se empezó a diseñar en 2022, y que hoy, bajo el gobierno del “alcaldito” Sebastián Ramos, se ha intensificado bajo una orden clara: “desalojarla cueste lo que cueste”.
Este caso no es un error administrativo ni una disputa de linderos: es el intento descarado de una alcaldía por robarle la casa a una mujer que lleva décadas viviendo allí. Si el Estado, con todos sus recursos, recurre a la mentira, la falsificación y el hostigamiento para quitarle la tierra a una adulta mayor, ¿qué clase de autoridad moral puede alegar?
Lo que ocurre en Calarcá es una advertencia: los funcionarios públicos pueden disfrazar de legalidad el abuso, pueden convertir la ley en una herramienta de despojo, y todo mientras repiten cínicamente que “no pueden perder”. Pero no es la alcaldía la que pierde: es la dignidad de un pueblo que calla mientras les roban a sus ciudadanos más vulnerables.
