Hace pocos días conocí de cerca el drama de unas personas que han sido víctimas de los denominados préstamos “gota a gota”. Y digo “víctimas” porque no hay otro término más adecuado para quienes, sumidos en la desesperación económica, terminan atrapados en una red de abusos, amenazas y violencia sistemática que no da tregua ni ofrece salidas dignas. Escuchar sus historias realmente estremece, pero también nos motiva a visibilizar este flagelo, con la convicción de que no podemos seguir siendo solo dolientes externos.
La modalidad “gota a gota” es una de las formas más perversas de esclavitud moderna. Se presenta como una solución rápida a una necesidad apremiante, pero se transforma muy pronto en una pesadilla sin fin. Los prestamistas se acercan con cortesía y promesas atractivas: dinero inmediato, sin papeleos, sin historial crediticio, en un país donde gran parte de la población trabaja en la informalidad y vive del rebusque diario. Esta “solución” parece milagrosa, pero en realidad es un veneno disfrazado.
Los pagos, aparentemente bajos se convierten en una trampa sin salida. Una sola cuota impaga basta para que comiencen las amenazas, los cobros agresivos, las intimidaciones, e incluso el despojo de pertenencias o la expulsión forzada del lugar de residencia. Y lo más grave: cada día de mora representa un incremento automático de la deuda, sin ningún criterio legal ni autoridad que regule o intervenga.
Se han presentado casos en los que la desesperación llega al punto del suicidio. La persona no resiste más la presión, el miedo, la angustia de ver su vida y la de su familia secuestradas por un sistema criminal. Pero ni siquiera ahí termina la pesadilla: los cobros continúan, ahora sobre los hijos, padres o hermanos de la víctima. Así funciona esta red inescrupulosa que no conoce límites.
Y no se trata de casos aislados. Esta modalidad se extiende como una pandemia silenciosa, ante la inacción del Estado y la indiferencia de la sociedad. No hay leyes efectivas que protejan a las víctimas, ni mecanismos de control que desarticulen estas estructuras ilegales que operan libremente.
Además del daño económico y psicológico, esta práctica golpea la seguridad ciudadana. Muchas personas, presionadas por el cobro, terminan recurriendo a participar en diferentes delitos, llegando incluso a la explotación sexual, con tal de conseguir el dinero de la deuda. Esta situación se amplía contaminando hogares enteros y perpetuando la pobreza, la exclusión y la violencia.
Es necesario empezar por no, normalizar esta práctica y visibilizar el problema, acompañar a las víctimas y denunciar sin miedo. Se requiere una política pública integral que combine prevención, atención y judicialización.
Se podría pensar en la creación de microcréditos de manera social, vigilados por un Estado responsable, que ofrezca préstamos justos, con educación financiera y acompañamiento a personas en condición de vulnerabilidad. Además, urge fortalecer los canales de denuncia y crear una unidad especializada contra el “gota a gota”, con enfoque territorial. No podemos seguir indiferentes. La próxima víctima podría ser alguien cercano.
*Máster en Gestión de Riesgos. Especialista en Seguridad.
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