La Defensora del Pueblo Iris Marín Ortiz instaló en el Quindío uno de los 15 Puestos de Mando Unificado PMU en salud que la entidad viene promoviendo en el país. En este espacio se identificaron los principales problemas de acceso a la salud en el Quindío, como la ocupación hospitalaria del 200% en el Hospital San Juan de Dios de Armenia, el desabastecimiento de medicamentos de bajo costo y alta frecuencia, las fallas en la atención a docentes y el aumento de casos de problemas de salud mental.
Al respecto la alta funcionaria expresó:
“Estuvimos en el PMU del departamento del Quindío donde abordamos varias problemáticas del sector salud. Revisamos la ocupación hospitalaria que está al 200% especialmente en el hospital San Juan de Dios.
También el seguimiento a la atención en salud de docentes a través de FOMAG y el tema de salud mental que es crítico en este departamento. En el PMU las instituciones asumieron varios compromisos y sacamos varias conclusiones. Una ellas es el tema de acceso a medicamentos, es especialmente grave en medicamentos de bajo costo y alta frecuencia. Segundo el desbordamiento de Supersalud y de las tutelas que no están dando respuesta a las necesidades concretas de la gente.
El tercer tema es un compromiso de evaluar una de las propuestas que es que los contratos de dispensación de medicamentos se hagan con los hospitales de la red pública para que se pueda mejorar el acceso a medicamentos. Y un cuarto punto es la necesidad de prestar particular atención a la continuidad en la entrega de medicamentos para salud mental y atención integral en esta materia que está afectando la salud y la vida de las personas en Quindío”.
En su intervención la Defensora del Pueblo aseguró que la entidad hará un monitoreo a los compromisos de las autoridades presentes en el PMU con el propósito de que se mejore la atención en salud de los quindianos.
Hacinamiento en centros de detención de Armenia
Durante el PMU convocado por la Defensoría del Pueblo el alcalde de Armenia James Padilla García hizo un llamado enfático a la entidad para que ejerza su labor en la defensa de los derechos de las personas privadas de la libertad, especialmente en el contexto crítico que enfrentan los centros de detención transitoria de la ciudad.
Uno de los puntos centrales abordados durante el encuentro fue la nueva responsabilidad que asumirán los entes territoriales, en cuanto a la alimentación de los privados de la libertad en Unidades de Reacción Inmediata (URI) y estaciones de policía. La Defensora explicó que, aunque actualmente esta función es asumida por la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (USPEC), se espera que, en adelante, municipios y departamentos asuman esta tarea de forma progresiva.
Marín Ortiz indicó que para establecer mecanismos subsidiarios por parte del Gobierno Nacional, las entidades territoriales deberán presentar sus planes de abordaje, y en los casos en los que se demuestre falta de capacidad, será el Gobierno quien subsidiará la atención.
Otro tema crítico tratado en la reunión fue el grave hacinamiento que se presenta en los centros de detención, situación que afecta directamente la dignidad y los derechos humanos de los reclusos.
Ante este panorama, el alcalde Padilla García exhortó a la Defensora del Pueblo a brindar respaldo institucional desde su cargo, y a visibilizar la crítica situación carcelaria que vive la capital quindiana. “Esperamos que, conociendo de primera mano esta realidad, se tomen acciones concretas para garantizar condiciones dignas a esta población”, puntualizó el mandatario local.
