El presidente Gustavo Petro es un hombre sin sonrisa, pero muchos se burlan de él. Ya le escriben para insultarlo y convertirlo en meme. Es decir, dejan constancia porque le perdieron el miedo. Otros lo ignoran y Leyva le envía cartas que deberían servir como pruebas contra el mandatario o para enjuiciar al remitente. En este país todo es grave y nada es serio.
Petro denunció a Leyva, Benedetti a Sarabia, Buitrago a Rodríguez y así sucesivamente. Songo le dio a borondongo, dice la canción de Celia Cruz. Cogieron de juguete a fiscales y jueces para (no) solucionar los conflictos que tienen entre ellos y al final, archívese. Cortinas de seda china, dirán en la calle.
Por lo visto todas esas bravuconadas son pataletas mediáticas sin sentencia. Eso explica el poco respeto que le tienen a la justicia. Es hora de una reforma a la justicia para multar a quien la utilice con fines distractores y personales. La falsa denuncia y el fraude procesal están tipificados, pero tampoco pasa nada.
En este país los fiscales y jueces mantienen mucho trabajo como para que los funcionarios petristas hayan convertido en deporte nacional sus denuncias por injuria y calumnia. Todo miembro de este gobierno carga en su maletín un formato de denuncia con una fotocopia de la cédula.
A Benedetti todos lo denuncian y todos lo delatan. El tipo responde igual y siempre se fortalece. Cuando el presidente viaja al exterior lo encarga de las funciones presidenciales. El problema es que lo deja en sano juicio y se le lleva la munición para que no se pegue un tiro en el pie o para que no se dé en la cabeza.
Es temerario aparecerse en un despacho judicial a denunciar a alguien sin argumentación sostenible y sin aportar pruebas. Para que no se vuelva paisaje nacional, el archivo o la sentencia deberían ir acompañadas de sanción económica. Si se archiva o absuelve que pague el denunciante. Si hay condenado, que la sanción vaya acompañada de tasas económicas. Un fiscal con un equipo de policía judicial investigando y la logística que usan vale mucho dinero. Además del tiempo que se pierde.
Esa también sería una buena estrategia para eliminar la congestión judicial. Es penoso que hechos tan graves apenas queden como anécdota o titular de página entera. La importancia del funcionario o exfuncionario deben obligar a comportarse con responsabilidad pública y dignidad.
De oficio la justicia debería conocer las denuncias contra la figura presidencial. Tampoco pueden quedar en la impunidad los duros señalamientos contra la canciller Laura Sarabia. Si no es cierto, que pague con privación de la libertad y dinero quien ofende. La ley protege el derecho al buen nombre. El Código Penal tipifica la injuria y la calumnia como conductas punibles. En este caso es » lengua de serpiente » y pluma envenenada. Si la ministra es hallada culpable que también le hagan efectiva la multa. Eso está regulado por la ley, responderán los que saben. Si, pero no se cumple.
Leyva aprovecha su condición de inimputable (edad avanzada), pero si le caen al bolsillo le dolerá mucho. Tiene fama de traidor y tacaño.
Igual a esos casos hay muchos y nadie responde. Los anaqueles de los despachos judiciales están repletos de esas causas y para ese tipo de procesos temerarios debería existir una tarifa. Quien pierda paga el pleito.
En la sede presidencial deberían montar una URI de la fiscalía para recibir las denuncias oficiales y en el ministerio del interior un juzgado, pero que sea promiscuo.
Borondongo le dio a Bernabé. Qué Lío !
