En Colombia, muchos de los debates sobre seguridad terminan centrados en los uniformados. Se les exige eficacia, resultados inmediatos y presencia constante. Sin embargo, poco se dice del complejo entramado administrativo, judicial y documental que debe sortear cada procedimiento policial para que una captura no se caiga, para que un delincuente no vuelva a las calles por errores de forma, o para que no se pierda la cadena de custodia de una prueba.
Lo engorroso de estos trámites, sumado a un sistema judicial garantista a veces más preocupado por no vulnerar los derechos del infractor que por proteger al ciudadano, deja a la Policía en una posición incómoda: son el rostro de la ley, pero no quienes la interpretan ni la aplican en última instancia.
La mayoría de los ciudadanos desconocemos en gran medida cómo funciona el Estado. Ignoramos los principios constitucionales, el rol de las instituciones y el límite exacto de competencias entre lo administrativo, lo judicial y lo policial. Parte de este desconocimiento es estructural: Desaparecieron de las aulas las clases de civismo, ética, democracia y no se habla de valores sociales ni de los deberes ciudadanos. Nos enseñaron a exigir derechos, pero no a comprender su origen ni a reconocer nuestras responsabilidades frente a ellos.
El rol de la cadena de la seguridad ciudadana no es solo un patrullero deteniendo a un ladrón. Es un proceso en bloque, que involucra fiscalías, jueces, defensores y ciudadanos. Pero cuando algo falla, todas las miradas apuntan a la Policía. Y no, no es el policía quien deja libre a un capturado. Es el sistema judicial el que, con base en sus criterios, lo libera.
Esto no significa que no haya errores desde la operatividad o la gestión policial, pero sí exige una reflexión más profunda: ¿qué estamos haciendo como sociedad para fortalecer esa cadena? ¿Qué hacen nuestras instituciones educativas para formar ciudadanos más conscientes? ¿Qué hacen nuestras autoridades políticas para respaldar con herramientas efectivas a quienes tienen que hacer cumplir la ley?
Es hora de dejar de simplificar el problema de la seguridad como una falla policial, este es un tema de corresponsabilidad estatal y ciudadana. El verdadero compromiso empieza por informarnos, participar, exigir sí; pero también el de asumir nuestros deberes dentro de la sociedad.
Frente a todo ello, seguiremos viendo cómo el esfuerzo de unos pocos se diluye entre trámites, tecnicismos y un desconocimiento generalizado que termina premiando al infractor y desmoralizando al protector.
*Máster en Gestión de Riesgos. Especialista en Seguridad.
