La semana que termina ha sido convulsionante desde diferentes aristas. El termómetro de la consulta popular cedió, por momentos, ante hechos noticiosos de diferentes alcances casi todos los días. La captura de los dos expresidentes del Congreso dejó atónita a la institucionalidad y la elección del nuevo papa por la iglesia católica focalizó al mundo en Roma. León XIV llena de esperanza un planeta que lucha contra el cambio climático, la guerra y el narcotráfico. El legado de Francisco fue invaluable para la humanidad.
Sin embargo, también marcó un nuevo punto de quiebre en la opinión la nueva carta remitida por el ex canciller Álvaro Leyva al presidente de la República. En este documento, publicado en redes sociales, se hacen nuevamente una serie de acusaciones de adicción y se solicita al mandatario su retiro de la dignidad presidencial por una presunta incapacidad para el ejercicio de la función más importante del país. Estas imputaciones requerían pruebas, las cuales brillan por su ausencia.
En esta época de señalamientos y relaciones ligeras es natural la difamación, pero cuando la misma proviene de alguien que ha tenido destacadas posiciones en la vida pública de la nación, al menos se debe leer. No obstante, esa misma hoja de vida implica ponderación, mesura o al menos algún soporte de los juicios emitidos. Ello no ha sucedido hasta ahora.
El otrora ministro de relaciones exteriores no estuvo con el presidente Petro en lo que llama sus escapadas sin justificación. Tampoco fue destinatario de confesiones de el ex senador en esa materia y menos fue testigo de algún examen médico que concluyera agentes extraños en el cuerpo del jefe del ejecutivo. Por ende, sus graves suposiciones parecieran más una manera de llamar la atención o de revanchismo que un hecho sólido que amerite atención.
No obstante, el precedente se vuelve peligroso y, por ello, es de considerar una solidaridad básica con el presidente por tamaño infundio. No se puede pedir la renuncia de un jefe de Estado simplemente por conjeturas y la sociedad permanecer inmóvil como si esto no la afectara porque la institucionalidad misma sufre graves daños a nivel nacional e internacional. Semejante práctica es a todas luces deleznable.
Por otro lado, no existe fundamento para pensar en que este pintoresco episodio sea un intento por derrocar a Petro. La información a cuenta gotas que ha dado el funcionario no permite colegir que exista un plan para evitar que termine su periodo presidencial. La novela ya llegó hasta el Congreso de los Estados Unidos, potencia que, a la postre, anda con los pelos parados por los acercamientos cafeteros con China. La invención de Leyva ya está toca esferas insospechadas.
Petro aprovechó la oportunidad para victimizarse y generar un nuevo sofisma al fracaso administrativo que se vive en diferentes frentes de la ejecutoria de la política pública. La actitud del líder de izquierda no puede ser justificación para aceptar que se le trate como un drogadicto o un incapaz cuando de ello no existe medio de convicción alguno. Sería sano, por ello, la práctica de un examen de público conocimiento que diluyera en forma contundente el manto de duda que se ha puesto sobre la capacidad presidencial.
Al jefe de Estado se le debe dejar terminar su periodo y que sea la ciudadanía la que defina si su proyecto continúa al frente del timón público o se produce un relevo. No podemos seguir encontrando en cartas o mensajes de redes sociales los titulares de los principales medios de comunicación. El deber de corroboración también hace parte de la libertad de información. Como tantas otras, la discusión y los ataques continúan.
