En medio de una sociedad cada vez más convulsionada por la intolerancia, la descomposición de valores y la politización de lo público, la labor de la Policía Nacional sigue siendo una de las más incomprendidas, pero también una de las más esenciales para la estabilidad del país. Ser policía no es una salida al desempleo, como a veces se quiere hacer ver desde el prejuicio o la ignorancia. Es, ante todo, un acto de vocación y entrega, un servicio que se presta incluso en medio de las propias dificultades personales, para enfrentar las ajenas.
Quienes integran la institución son llamados día a día a resolver conflictos, prevenir delitos, mediar en disputas, proteger vidas y actuar con firmeza frente a la delincuencia, todo esto mientras enfrentan, como cualquier ciudadano, problemas familiares, económicos o emocionales. Y, sin embargo, su labor rara vez recibe el reconocimiento que merece. A menudo se les exige como si fueran superhéroes, pero se les trata como si fueran los responsables de todos los males del sistema.
El problema va más allá del desconocimiento ciudadano. Existe un desgaste institucional acumulado por años. La Policía ha sido cargada con responsabilidades que desvían su verdadera razón de ser; garantizar la seguridad, prevenir el delito y proteger la vida, la honra y bienes de todos los ciudadanos. Mientras tanto, muchas de las funciones educativas y de formación ciudadana han sido abandonadas por otras entidades del Estado y por las propias administraciones locales, dejando en soledad a los uniformados en barrios, calles y colegios.
Vivimos en una sociedad donde los valores se han extraviado, y donde la educación en civismo, ética y responsabilidad brilla por su ausencia. Cuando la Policía convoca a la comunidad para articular acciones de prevención y control, la respuesta suele ser mínima, muchas veces limitada a una presencia pasiva de quienes no están dispuestos a comprometerse con soluciones reales.
Es hora de cambiar esa indiferencia. Necesitamos ser más institucionalistas, respaldar a quienes nos protegen y exigir que se les dote de las herramientas necesarias para cumplir con su misión. No se trata solo de pedir resultados, sino de garantizar condiciones. Se requieren tecnologías, infraestructura, capacidades de inteligencia, equipos investigativos y un respaldo judicial claro y oportuno.
Un ejemplo evidente de esta deuda institucional es la implementación incompleta del Código Nacional de Seguridad y Convivencia (Ley 1801 de 2016). Casi nueve años después de su entrada en vigor, ciudades capitales como Armenia, aún carecen de Centros de Traslado por Protección, instalaciones necesarias para atender de manera adecuada los casos contravencionales. Su ausencia limita la capacidad operativa de la Policía, congestiona los procedimientos cotidianos y afecta directamente la eficacia del servicio en las calles.
Hacemos un llamado urgente a las autoridades locales para que prioricen, sin más dilaciones, la dotación de estos centros y el fortalecimiento institucional que demanda la seguridad ciudadana. La seguridad no puede seguir siendo vista como un asunto exclusivo de la Policía. Es una responsabilidad compartida, que exige coherencia política, decisión presupuestal y compromiso ciudadano, porque la seguridad, cuando se construye colectivamente, no solo protege: también dignifica.
*Máster en Gestión de Riesgos. Especialista en Seguridad.
