La campaña presidencial se anticipó el día del trabajo. La agenda mediática posterior será marcada por el populismo gubernamental plasmado en 12 preguntas que son un encanto en su redacción, pero esconden un costo tremendo. Las implicaciones económicas de la implementación de los cuestionamientos no hicieron parte del ambiguo discurso presidencial del 1 de mayo. Las presiones al capitolio y la proclamación como único representante del pueblo tergiversaron un mensaje que bien pudo unir a la nación sobre discusiones esenciales.
El Gobierno tiene razón en que Colombia necesita una reforma laboral. Existen disposiciones, por ejemplo, en el sector público que son preconstitucionales, por lo que el debate de las condiciones de trabajo es relevante y oportuno. La forma en la que la Comisión Séptima de Senado archivó el proyecto de Ley del ejecutivo también es criticable, toda vez que lo que se espera del parlamento es altura, diferencia y consenso en la producción normativa. Sin embargo, acudir a una consulta popular es conveniente ni admisible para la reflexión sobre normas jurídicas.
La decisión de la administración pareciera más enfocada a agitar causas políticas y generar polarización en el camino. Expresiones como: “estamos decididos, hay un presidente de Colombia, comandante y jefe de la fuerza pública, y elegido por el voto popular, está decidido a que hay democracia en Colombia o aquí cambiamos, entonces, las instituciones”. La democracia no es la conveniencia de la suprema autoridad administrativa y tampoco sus designios son equivalentes a la única voz del pueblo. El estudio de una propuesta no implica que esa sea la decisión del Congreso en su autonomía.
Las amenazas concretas a senadores y sus aseveraciones de asesinos también son disonantes de la dignidad presidencial. No por nada el artículo 188 superior señala que: “El Presidente de la República simboliza la unidad nacional”, a lo cual se le espera una actitud pausada y prudente de quien ostenta ese empleo público. Los antagonismos mal redactados desde la cuenta de X de Petro son un ejemplo del decaimiento de la sindéresis entre las ramas del poder público.
La consulta popular no es el camino, es decir, el puente ciudadano para sentar las reglas de trabajo. El proyecto de ley presentado por el partido liberal es una demostración de ello. Los egos entre actores públicos deben ceder a un interés común reflejado en que no es sano para la economía tanto limbo en materia laboral. Las microempresas, que no hacen parte de los dueños del país, son las que sufren este martirio mediático.
Todos en Colombia queremos horarios laborales hasta las 6 p.m. o permisos para citas médicas, incluso unas mejoras en el contrato de aprendizaje. Sin embargo, el camino para forjar estas nuevas realidades no debe pasar por la plaza de bolívar, sino por un Congreso elegido, entre otros aspectos, para la creación de leyes. La democracia no es equivalente a la idea de un elegido, cuando quiera que muchos representantes detentan esta misma condición. Ser el presidente no es igual a tener la verdad del pueblo sobre su boca. Esta confusión elemental está haciendo un profundo daño a algunas ideas gubernamentales que vale la pena seguir.
La irracionalidad del discurso, el apasionamiento y la ausencia de método administrativo se ha percibido con cantos de sirena de constituyentes y ahora con mecanismos de participación que dejaran un grave daño al erario, pero principalmente a la opinión pública. No nos hemos recuperado del plebiscito por la paz y ahora las urnas refrendarán la agenda de un gobierno que distrae con campañas políticas lo que deben ser ejecutorias. El Congreso tiene el siguiente capítulo de esta historia.
