El filósofo y economista neoliberal Henry Hazlitt desarrolló una crítica aguda contra quienes sostienen que la destrucción, como la provocada por una guerra, puede generar desarrollo económico. En su célebre ejemplo, imagina que un vándalo rompe la vitrina del panadero. Este, obligado a gastar dinero en repararla, deja de comprarse un traje nuevo. El beneficiado inmediato es el cristalero.
Hazlitt advierte que muchos podrían pensar que esta destrucción ha “activado” la economía. Pero no es así. Lo que gana el cristalero, lo pierde el sastre. No hay creación de riqueza, solo un traslado forzado de recursos. Lo que se ve es la vitrina nueva; lo que no se ve es el traje que nunca se compró. Esta es la esencia de lo que él denomina la falacia de la ventana rota.
Comparto plenamente esta crítica. Y la extiendo: no toda destrucción requiere violencia visible. Hay formas más sutiles, más lentas, más insidiosas de destruir. Se puede destruir una economía sin romper una sola vitrina. Basta con permitir la fuga constante de capitales, con abrir las puertas del territorio para que otros vengan a exprimirlo, no a fortalecerlo.
Así ocurre cuando advenedizos se instalan en una región no para integrarse, sino para usufructuarla, simulando cooperación mientras canalizan los recursos hacia sus lugares de origen. Es aún más grave cuando quienes gobiernan facilitan esa penetración sin exigir reciprocidad ni respeto por la economía local. Es destrucción por omisión.
Un caso reciente lo deja en evidencia. Bajo el gobierno de Juan Miguel Galvis, se permitió que actores provenientes del Valle del Cauca se instalaran en el Quindío. Uno de los ejemplos más contundentes es la llegada de Diana Carolina Castaño a la gerencia del Hospital San Juan de Dios de Armenia. Desde entonces, la contratación se ha direccionado hacia empresarios de su región de origen.
Recientemente, la gerente contrató con una empresa del Valle el suministro de unas manillas por 186 millones de pesos, sin invitar a empresas del Quindío. ¿Debemos creer que aquí no hay quien pueda fabricar unas manillas? ¿Qué sentido de pertenencia puede tener una funcionaria cuyos intereses están en otro departamento?
La exclusión de los empresarios locales no es un error administrativo: es un acto de destrucción económica. Es una forma de vaciar al Quindío de sus oportunidades, su riqueza y su futuro. Y lo más indignante: ocurre con la complicidad o la indiferencia de las autoridades locales, empezando por el gobernador.
En treinta segundos se firmó ese contrato. En ese mismo lapso, se dio otro paso más hacia la ruina de nuestra economía. No hace falta dinamita para destruir una región; basta con dejar que el dinero se vaya y nunca regrese. Y mientras eso pasa, nadie levanta la voz por lo nuestro.
