El asesinato de 25 policías y militares colombianos en dos semanas y la situación de orden público en nuestro país, en los últimos meses, me hacen pensar que algo anda muy mal en lo que nuestro presidente ha llamado Paz Total; creo que nos metimos en una tarea imposible y ensillamos antes de traer las bestias; no sabíamos para dónde íbamos ni con quiénes nos íbamos a encontrar; esto, en un lenguaje llano, significa falta de planificación y acercamiento total al populismo. No sé si sea pesimista, pero, no quiero seguir viendo a nuestros militares en sus puestos de mando y operativos a la espera de una muerte segura.
En palabras de muchos seguidores y opositores, el Clan del Golfo, las disidencias de las FARC y el ELN han intensificado el asesinato de hijos del pueblo, mientras Petro asegura que esta muerte violenta de servidores públicos obedece a un “plan pistola” ordenado por el Clan del Golfo; lo cierto es que estamos viviendo una situación extremadamente crítica que no se resuelve ni con discursos, ni con mensajes a través de las redes o con bochinches contestatarios.
La implementación de una verdadera Paz Total habría contribuido a la reducción de la violencia y la inseguridad en el país; a la atracción de la inversión; al estímulo del crecimiento económico y el mejoramiento de las condiciones de vida de la población; igualmente, esa llamada Paz Total hubiera sido un paso importante hacia la reconciliación nacional para superar las heridas del pasado y trabajar juntos hacia un futuro más próspero; de paso, la implementación exitosa de esa propuesta habría contribuido a mejorar la imagen de Colombia en el exterior con el consecuente impacto positivo en la economía y la cooperación internacional.
Sin embargo, ha tenido que enfrentar desafíos significativos, como la falta de recursos, la resistencia de algunos grupos armados y la necesidad de abordar las causas profundas del conflicto; de la misma manera, puede generar riesgos de impunidad y desconfianza o resistencia por parte de algunos sectores de la sociedad colombiana. De otro lado, su implementación puede requerir inversiones significativas en programas de desarrollo, justicia y seguridad, lo cual puede convertirse en un desafío para el presupuesto nacional.
Creo importante sugerir que los llamados diálogos no se realicen simultáneamente con todos los grupos al margen de la ley; que se establezcan prioridades que respondan a la realidad colombiana; además, que los líderes políticos y la sociedad colombiana trabajen juntos para superar los obstáculos y construir una paz sostenible y duradera.
