Por Rafael Nieto Loaiza
La Casa de Nariño convertida en un muladar, un estercolero de corrupción, droga y vulgaridad. Todo junto y al mismo tiempo.
No es, ciertamente, el primer gobierno con escándalos de corrupción. Pero ninguno como este, tan putrefacto, con tantos y tan poderosos salpicados. Y ninguno tampoco con tanta plata hurtada, billones de pesos solo entre la UNGRD y el Invías, y con tan turbios propósitos, desde la compra de congresistas hasta aceitar la elección del secretario jurídico de Palacio como magistrado de la Constitucional.
El desprecio por el sistema judicial, además, no tiene tampoco antecedentes. No son solo los ataques a las cortes y magistrados, en abierto desconocimiento del estado de derecho y la independencia y autonomía de la rama judicial. Ocurre que Petro nombra ministros investigados o incluso imputados por corrupción. En fin, un gobierno lleno de pústulas y donde se aprieta salta la porquería.
Como suciedad es lo que sale por la boca de Petro. Cogerlo en una verdad es casi imposible. Siembra odio y violencia en sus discursos y trinos incendiarios, y tacha a sus contradictores y a cualquiera objeto de sus diatribas de fascista, nazi o asesino. Como si no bastara, ahora trata de “hp” nada menos que al presidente del Senado, mostrando que «el tamaño de la grosería mide con exactitud la deficiencia de la inteligencia», según un viejo trino suyo. La vulgaridad es la norma. Se abandona todo decoro, se prescinde de las obligaciones de dignidad del cargo. Lo soez, lo vil, entronizado en el poder. Estamos en manos de rufianes.
Y para rematar, la drogadicción. Sí, el consumo recreativo es un asunto privado, de la intimidad de cada persona. Y sí, el drogadicto es un enfermo y debe tratársele como tal, no como un delincuente. Pero esas consideraciones no significan que sea un asunto trivial ni sus consecuencias meramente privadas si el drogadicto es el jefe de Estado. Y no solo porque se pierda unos días o porque incumpla su agenda en forma sistemática, incluso en situaciones muy importantes, sino porque sus decisiones afectan a todos los habitantes del territorio nacional, a veces en asuntos graves, a veces incluso de vida o muerte. No puede exigirse respeto por la privacidad de los presidentes cuando sus actos afectan sus funciones o el interés público.
El petrismo pone en duda las afirmaciones hechas por Álvaro Leyva sosteniendo que está resentido y que lo que dice no está probado. Pero sus motivaciones para acusar a Petro no invalidan ni restan importancia a lo que afirma, y Leyva solo ratifica lo que ya Benedetti y María Jimena Duzán habían sostenido y era rumor extendido en la opinión pública por cuenta del comportamiento errático y los desvaríos del inquilino de la Casa de Nariño. ¿Fue el abuso de drogas también la causa de la crisis de salud mental de Petro que narró alguna vez Ingrid Betancourt? ¿Es causa o coadyuvante de las depresiones de las que también habla Leyva?
Además, ser consumidor y drogadicto en un país plagado de cocaína y que ha sufrido y sufre tanta violencia por cuenta de la droga es aún más delicado. El consumidor alimenta ese ciclo de sangre y muerte. Hay, pues, una consideración ética adicional que, en el caso del presidente, tendría un peso especial. Si, para rematar, se eligió como resultado de un pacto con mafiosos, según confeso su propio hermano, y en su discurso y en los hechos defiende los cultivos de coca, trivializa el consumo de cocaína y concede beneficios a los que con ella trafican, que consuma y sea un adicto adquiere una connotación de mayor trascendencia. Como si no bastara, Leyva sugiere que Petro está bajo chantaje de Benedetti y Sarabia precisamente porque sabrían de sus comportamientos indecentes, confirmando lo que algunos ya hemos sostenido: tenemos un jefe de gobierno extorsionado por sus propios funcionarios.
En semejantes condiciones, lo natural sería que Petro renunciara, dejara al país libre de su estigma y nos evitara más daño. Pero no lo hará. Carece de grandeza. Y como la Comisión de Acusaciones prevarica un día si y el otro también, mucho me temo que el palacio presidencial, hasta el siete de agosto del 2026, seguirá siendo cueva de bandidos y olla de drogadictos.
