Trump, además del enredo que armó con la cadena arancelaria, con la que se está ahorcando, acaba de decretar que más de 6.000 inmigrantes —muchos de ellos ciudadanos americanos— están “muertos”. Es decir, los dio de baja en los registros oficiales de seguridad social, archivos bancarios y demás instancias en las que cada cual se afilia y recibe una tarjeta para transacciones. Ahora todo eso quedó bloqueado. “Mató” a 6.000 usuarios que no tendrán cómo sacar efectivo, cancelar servicios, pagar arriendo, comprar gasolina, etc. Trump dice que es “para que se vayan del país”. ¿Pero cómo?
La circunstancia es trágica: andar sin tarjetas por ahí hace imposible —en cualquier parte, pero mucho más en Estados Unidos, donde hasta una limosna hay que darla con tarjeta— demostrar que se está vivo. Un difunto entrando a una tienda y diciendo que aún vive, en vista de que la pantalla lo rechaza por encontrarse “en estado de defunción”, es alguien que, como mínimo, hace sentir al tendero que se encuentra frente a un fantasma. Y obvio que el hombre detrás de la registradora sale corriendo. Para no decir que, si se decide a luchar, lo peor son los trámites para resucitar.
Universidades en Estados Unidos
Dentro de unos años habrá documentales que informen de las hostilidades que está ejerciendo por estos días Donald Trump contra las prestigiosas universidades de Harvard, Columbia, Pensilvania y Tufts. Estos noticieros guardarán similitud en los espectadores con el estado de terror que hoy nos sobrecoge al contemplar los testimonios acerca del terrorismo nazi contra la cultura, los artistas, los científicos y los libros en la Alemania de 1933, después de que Hitler ascendió a canciller.
Resulta que, en esas universidades, los estudiantes y profesores se han pronunciado ruidosamente, y con banderas palestinas, frente al genocidio de Israel contra el pueblo palestino. Y al gobierno de Trump le parece que esas protestas son antisemitas, por lo que las ha emprendido contra los programas con que esas universidades subvencionan las matrículas de minorías afros, latinas, asiáticas, etc. Nada que ver estas represalias con los subsidios con que esos centros educativos favorecen a estas comunidades, pues en las manifestaciones participan igualmente estudiantes y profesores blancos.
También esta guerra es contra los programas por la diversidad, equidad e inclusión, que benefician actividades que, para el gobierno, pertenecen a la cultura woke, a saber: investigaciones, publicaciones, foros y hasta hospitales que atienden a sectores discriminados de los movimientos trans y LGBTQ+ y más, y, en general, a los solidarios con la causa palestina.
Se ha duplicado el pie de fuerza de la policía universitaria, se ha entrado a hurgar en el tipo de publicaciones que fomentan estas áreas en esas universidades, y se amenaza con deportaciones de profesores y estudiantes inmigrantes. Se calcula en nueve mil millones de dólares la disminución que se pretende hacerle al presupuesto gubernamental para estos programas, lo que no ocurre apenas en esas cuatro universidades. Una doctoranda de Tufts fue detenida por tener en su poder un panfleto a favor de Palestina. La Gestapo, mejor dicho, que ahora mismo tiene confinado al posgraduado Mahmoud Khalil, con amenaza de deportarlo, lo que no se ha logrado por la decisión favorable de un juez federal.
