La publicidad en la actividad estatal tiene diferentes dimensiones. A nivel documental existe una responsabilidad de dar a conocer todos los actos, contratos y normativa que se expiden por las entidades públicas. Ello exige, a su vez, una infraestructura física y tecnológica que facilite esta labor. Las brechas existentes en materia de gobierno en línea aún tienen un largo camino por recorrer.
Los actos oficiales también son susceptibles de control social, al tiempo que la agenda de los representantes del pueblo y sus determinaciones deben tener claros procesos de difusión. En este caso la transparencia está asociada a la claridad con la que se transfiere el mensaje o la comunicación frente a la actividad diaria de las autoridades. Los procesos de rendición de cuentas, de alguna manera, son una manifestación de esta forma de ejercicio público.
Por ende, los procesos comunicaciones de los funcionarios públicos, particularmente los del orden directivo, deben contar con una estrategia responsable e institucionalmente definida. Estos modelos en un mundo de caos informativo tienen retos enormes, por lo que el ingenio y el mejor talento humano deben estar a disposición de la administración pública. Los impactos a través de redes sociales, medios de comunicación tradicionales, digitales y los nuevos canales deben forjarse en una estrategia sólida de publicidad del quehacer administrativo.
A nivel parlamentario y judicial también existe publicidad. Verbigracia, los debates de formación de las leyes no pueden ser privados y las audiencias de procesos judiciales tampoco. Sin embargo, estas concepciones pretéritas del trabajo legislativo y de los estrados tiene que acompasarse con las nuevas herramientas que gobiernan los dos macro ámbitos. Los palacios de justicia han transitado a formas computacionales de interacción y los senadores ya se comunican más por X que por el Canal de Congreso. El mundo actual es pluricomunicacional.
Por ello sorprende de alguna manera la improvisación con la que se viene actuando desde el alto gobierno frente a las decisiones más sobresalientes a adoptarse. La cantidad de trinos, con errores ortográficos, desde la cuenta personal del jefe de Estado son noticia diariamente, pero sin rigor alguno. El conflicto diplomático con Estados Unidos por el no recibo de inmigrantes se inició por un mensaje presidencial a través de una red social. Así mismo, los cambios súbitos de sede de eventos internacionales tampoco se han realizado a través de los medios más idóneos para quien maneja los destinos de una nación.
En forma reciente el ministro de salud salió diciendo que la patria potestad de los niños la tiene el Estado en alusión al deber de vacunación que se tiene. Esta ligera afirmación fue sacada de contexto para que algunos plantearan que se está expropiando hasta los derechos paternales sobre los menores. Una discusión bizantina se forjó sobre un tema que simple y llanamente se refiere a las responsabilidades de papás y mamás con la salud de los menores. Sin embargo, este yerro emanó de una persona idónea, cuya esposa justamente inició semana en el ojo del huracán por cuenta de su singular intervención en un contrato estatal.
No es la primera vez que en el Gobierno se equivocan y deben rectificar o cambiar sus mensajes colectivos. Los anuncios de constituyentes, tomas populares e ingresos de dineros a la campaña presidencial ahora se hacen en horario triple A durante los consejos de gobierno televisados. Toda una verdadera improvisación e ineficacia en el manejo de la comunicación pública. Se cumple el principio de publicidad, pero se fracasa en el mensaje. ¿Ese es el objetivo?