En la actualidad, los conjuntos residenciales y las propiedades horizontales enfrentan crecientes desafíos en materia de seguridad ciudadana. Robos, actos de vandalismo, conflictos de convivencia y la presencia de actores delictivos se han vuelto cada vez más comunes, incluso en sectores que tradicionalmente eran considerados tranquilos.
Esta situación afecta directamente la calidad de vida de los residentes y alimenta una creciente sensación de vulnerabilidad. Por ello, la seguridad en barrios y zonas residenciales se ha convertido en una prioridad para las comunidades que buscan proteger su integridad, su patrimonio y su bienestar, en donde muchas de ellas, han optado por reforzar sus esquemas de protección mediante la contratación de vigilancia privada como complemento a la seguridad pública.
No obstante, es importante recordar que no todo vale a la hora de contratar estos servicios. En el mercado actual se ha generado una preocupante “guerra de precios” entre empresas, acompañada de supuestos valores agregados que, en muchos casos, no representan un beneficio real para las comunidades. Esta competencia desleal termina afectando la calidad del servicio y puede poner en riesgo la seguridad de los residentes.
La legalidad y la calidad tienen un costo razonable y proporcional a los estándares que exige el servicio profesional. Por ello, las juntas de copropietarios y administradores deben asegurarse de contratar con empresas legalmente constituidas, debidamente registradas ante la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, y que cumplan cabalmente con lo estipulado en los contratos, ya que el ignorar estos criterios puede derivar en consecuencias graves, y exponer a la comunidad a riesgos mayores.
La conexión tecnológica entre el sector privado y el Estado es indispensable, aquí hablamos de sistemas de videovigilancia integrados, botones de pánico enlazados a centros de monitoreo oficiales, aplicaciones móviles de alerta y plataformas compartidas de información que pueden hacer la diferencia en la prevención y la respuesta oportuna ante eventos de riesgo.
Sin embargo, se plantea una preocupación válida: ¿la seguridad privada se está convirtiendo en un privilegio exclusivo de quienes pueden pagarla? Mientras algunos sectores cuentan con vigilancia 24/7, cámaras de alta gama y controles adecuados, otros, especialmente en barrios populares, dependen exclusivamente de una fuerza pública limitada y con escasos recursos.
La seguridad no debe ser un privilegio exclusivo de quienes pueden pagarla, sino un derecho fundamental que debe garantizarse de manera equitativa para todos los ciudadanos, siendo indispensable que el Estado a través de sus autoridades locales, asuman un compromiso activo en la protección de la convivencia ciudadana.
En este contexto, la seguridad privada puede y debe desempeñar un papel complementario, pero nunca el de sustituir la responsabilidad ineludible del Estado, porque si no se establece un equilibrio real entre la acción pública y el respaldo privado, seguiremos con un modelo de seguridad fragmentada, donde la protección se compra y la vulnerabilidad se normaliza.
*Especialista en Gestión de Riesgos y Seguridad.
