En términos bastantes desobligantes y descaficadores, se refirió el alcalde de la capital del Quindío James Padilla García al concejal del Partido Salvemos a Armenia, Germán Grisales Rodríguez. La arremetida del mandatario municipal se dio luego de que – por mayoría – el concejo decidiera aplazar en segundo debate el proyecto de acuerdo que lo faculta para contratar vigencias futuras ordinarias, tras escuchar los argumentos y fundamentos jurídicos expuestos por Grisales Rodríguez.
El burgomaestro lo señaló de estar utilizando “argucias que no tienen asidero en cuanto al ordenamiento jurídico y mucho menos incidencia disciplinaria”, ante lo cual el corporado respondió enfáticamente, durante la plenaria, que esas falacias argumentativas las ha avalado dos veces el Tribunal Administrativo del Quindío en cuando a la concesión de Setta (fotomultas); lo mismo que con respecto al empréstito por 176 mil millones de pesos y también en lo relativo a la contratación del gestor catastral multipropósito por $17 mil millones, entre otros. “Alcalde, yo no manejo artimañas; yo aquí trabajo con ética y moralidad”.
Padilla García le edilgó que “al parecer es solamente una estrategia de intimidación, pero cuya contundencia es inócua de cara a la legalidad”, cuya réplica no se hizo esperar, por lo que en forma vehemente expresó Grisales Rodríguez: “no tengo ningún interés diferente al de hacer las cosas bien. Alcalde: yo no intimido a nadie, sólo trato de exponer unos argumentos jurídicos para que los revisen y los analicen los concejales y que después de ese ejercicio, cada uno tome la decisión de su voto”.
El abogado Germán Grisales hizo especial énfasis – en el marco de los señalamientos de Padilla – a la expresión: “contundencia inócua de cara a la legalidad”, lo que lo llevó exclamar en el cabildo: “o sea que lo que yo digo aquí es insignificante e irrelevante”, aclarándole de paso al mandatario, que él no hace parte de la oposición: “alcalde, yo me declaré formalmente en independencia, a mí no me manda nadie”; yo sólo me ciño a la constitucionalidad, la legalidad y conveniencia de los proyectos de acuerdo”.
