Jorge A. Serna Jaramillo
La aprobación del Acto Legislativo “Por el cual se fortalece la autonomía de los departamentos, distritos y municipios, se modifica el artículo 356 y 357 de la constitución política”, es una de las decisiones más relevantes en la historia reciente de Colombia, estableciendo el marco financiero para los próximos 12 años.
Para el 2025, la distribución de recursos del sistema general de participaciones está en el 23.8%, equivalente a $ 82 billones. Al pasar a 39.5%, se generarán transferencias adicionales por cerca de $ 54 billones (2025), cifra que vendría del recorte presupuestal de las entidades del orden nacional y de varias reformas tributarias.
Una de las obligaciones de este gobierno es tramitar la Ley de Competencias que definirá los recursos adicionales, su distribución con respecto a los entes territoriales y las prioridades de inversión. El trámite y discusión de esta Ley incide en la próxima campaña electoral, al afectar de manera directa las inversiones en los próximos gobiernos. Así mismo, los planteamientos de campaña y las promesas que se presenten a los ciudadanos deben estar enmarcadas en la nueva realidad financiera del país.
Para que el Congreso de la Republica tome las decisiones pertinentes en la discusión y aprobación de dicha ley de competencias, debe contar con la información necesaria para la toma de decisiones que representen el sentir del Acto Legislativo.
Una de las entidades que se verá más afectada será el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, en especial, con la priorización definida en la destinación de recursos en lo que respecta a “agua apta para el consumo humano y saneamiento básico” (déficit cualitativo).
Revisadas la información del Censo 2018 y el seguimiento anual a la Encuesta Nacional de Calidad de Vida, concluimos que hay un déficit cuantitativo mayor a 1,5 millones de hogares, y que anualmente se crean cerca de 500.000 hogares nuevos por año (2,0 millones por cuatrienio). Así mismo, el déficit cualitativo es cercano a los 4,0 millones de hogares, de los cuales 2,5 millones estarían priorizados por la Ley de Competencias (equivalente al departamento de Antioquia).
En los últimos 15 años, la priorización de los recursos públicos se ha concentrado en construcción de viviendas nuevas, y solo en este cuatrienio se incluyeron en las metas, 400.000 mejoramientos de vivienda; siendo priorizadas cerca de 120.000 intervenciones que no redundan en la disminución del déficit cualitativo.
La nueva realidad fiscal del país, que implicará recorte significativo en el presupuesto de entidades nacionales como el Ministerio de Vivienda, nos obliga a preguntarnos: ¿Es sostenible mantener un sistema basado principalmente en subsidios? La respuesta es clara: necesitamos una reingeniería tanto del sector público como del privado.
El sector privado, si bien ha respondido a las condiciones en las principales ciudades, no ha logrado satisfacer la demanda real de vivienda formal en el país. Es el momento de evolucionar a un modelo que permita la construcción de un mayor número de viviendas moderando paulatinamente la subsidio-dependencia.
Por lo anterior la percepción del El Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, no puede reducirse a la asignación de subsidios, olvidando los demás componentes misionales.
Consideramos que es el momento oportuno para iniciar esta discusión constructiva que genere reglas claras para la vivienda y su entorno, las cuales deberían verse reflejadas en la Ley de Competencias y la restructuración del Ministerio de Vivienda que nos lleve a 12 años de estabilidad en el sector.
La reingeniería del sector vivienda no es una opción, es una necesidad impostergable. El éxito de esta transformación dependerá de nuestra capacidad para articular los esfuerzos públicos y privados. El futuro de la vivienda en Colombia está en juego, y las decisiones que tomemos hoy, determinarán el futuro del sector.
*Ing. Civil
