Gustavo Hernández Castaño
Cada mes, millones de familias colombianas miran su recibo de la luz con miedo. No es un recibo. Es una amenaza. Es la angustia de tener que elegir entre comer bien o pagar la energía para no vivir a oscuras. Es el castigo silencioso a quienes madrugan, trabajan, luchan… pero no les alcanza.
En 2025, el salario mínimo legal en Colombia es de $1.423.500. Parece suficiente, pero no lo es. Una familia de estrato 2 que vive con este ingreso debe gastar casi $190.000 solo en servicios públicos, y si sumamos internet, celular y transporte para dos personas, los gastos básicos ascienden a $610.026 al mes. Eso es el 38% del ingreso mensual. Y eso es, en el mejor de los casos.
Porque la verdad es que el 45% de los colombianos ocupados gana menos del salario mínimo, y el 57% trabaja en la informalidad, sin estabilidad, sin prestaciones, sin garantías. Para esas familias, el mismo gasto representa entre el 50% y hasta el 75% de sus ingresos mensuales. ¡Tres cuartas partes solo para sobrevivir!
Fuente: DANE (GEIH 2024-2025); estimaciones propias basadas en Resoluciones 101066 de 2024 y 101069 de 2025.
¿Dónde está la justicia?
¿Cómo es posible que en un país donde se pregona el desarrollo, la gente viva con miedo a encender una bombilla? ¿Cómo aceptamos que los hogares pobres destinen hasta el 65% de sus ingresos solo al pago de servicios públicos? ¿Por qué seguimos normalizando lo inaceptable?
No estamos hablando de lujos. Hablamos de energía para cocinar, estudiar, trabajar y vivir con dignidad. La electricidad no debería ser un privilegio, sino un derecho. Sin embargo, las tarifas siguen subiendo, los recibos se inflan, y el modelo sigue premiando a las empresas mientras castiga a los hogares.
El gobierno ha dado un paso… pero no puede caminar solo
Las Resoluciones 101066 de 2024 y 101069 de 2025 expedidas por el Ministerio de Minas y Energía son un intento serio por revisar el modelo tarifario, frenar los abusos y aliviar el bolsillo de las familias. Pero no basta con firmarlas. Hay que hacerlas cumplir. Y eso solo será posible si hay vigilancia, presión y exigencia ciudadana.
Hay que monitorear las facturas a partir de marzo de 2025: Si la nueva metodología se implementa correctamente, las facturas deberían reflejar una disminución en el costo del servicio. Si esto no ocurre, es importante denunciarlo.
El llamado es claro: no basta con esperar que el gobierno haga su parte, los ciudadanos debemos exigir el cumplimiento de las nuevas reglas, supervisar su aplicación y denunciar cualquier irregularidad. Solo así se podrá garantizar que esta medida no se convierta en una promesa incumplida más.
Las empresas no van a renunciar voluntariamente a sus beneficios. Ellas cuentan con abogados, expertos, poder económico. Nosotros solo tenemos una herramienta: la voz colectiva.
¡Despertemos! Esto no es solo una queja, es una causa.
Es hora de transformar la resignación en indignación. Y la indignación en acción. No podemos seguir aceptando que lo básico se vuelva inalcanzable. Necesitamos organizarnos, informarnos, movilizarnos.
• Exijamos a la prestadora de energía que cumpla con las nuevas resoluciones.
• Participemos en veedurías, juntas de usuarios, audiencias públicas.
• Compartamos esta información con la comunidad.
• Apoyemos a medios y espacios que denuncien los abusos tarifarios.
Encendamos la esperanza… y la rebeldía
Nuestros abuelos nos enseñaron a resistir con dignidad. Hoy nos toca a nosotros defender lo mínimo: vivir con luz, con agua, con internet, con transporte digno y justo. No estamos pidiendo favores. Estamos reclamando lo que nos corresponde.
Porque un país donde la energía es inalcanzable no está iluminado: está a oscuras. Y si ellos no quieren bajar las tarifas, nosotros subiremos el volumen.
