El 15 de abril de 1997, el Instituto Nacional de Vías (INVIAS), cuando preparaba todo lo necesario para entregar (bajo la figura de concesión) la vía Armenia-Pereira-Manizales, dejó evidencia en el acta de adjudicación del grupo de empresas que, en el futuro, se asociarían bajo el nombre “Autopistas del Café”: “Aguirre Monroy Y Asociados LTDA, Conalvias S.A, Construcciones Carrillo Caycedo LTDA, Concay LTDA”, entre otras ocho empresas más, serian los dueños de la carretera.

Se trata de una vía muy importante para la región del Eje Cafetero, pero es aún más significativa porque representa una auténtica mina de oro para quien la administre. La asociación denominada Autopistas del Café no iba a operar la vía con pérdidas económicas: era, más bien, una oportunidad para usufructuarla. El Gobierno Nacional tenía la obligación de aportar recursos para mejorar las condiciones de la carretera, pero también fue necesario instalar unas casetas (con un operador en su interior) para que cobraran al conductor y a su vehículo el derecho de transitar por allí. Así nació el nombre de “peaje”. De otro modo, “portazgo”: pagar para cruzar una puerta o un puente.
En el contrato de concesión 0113 de 1997, firmando el 21 de abril de 1997, autorizó instalar las caseticas de peajes: “La cesión de derechos de recaudos neto de peaje durante la etapa de diseño y programación de la caseta de TARAPACA localizada en el trayecto Santa Rosa de Cabal…” “Programación de la caseta de CIRCASIA localizada en el trayecto de Circasia-Club de Tiro…” “Programación de la Caseta SANTAGUEDA localizada en el trayecto Manizales-Tres Puertas-Cauyá”. En total, se establecieron siete peajes.
En aquella época, el pago del peaje en la caseta de CIRCASIA, localizada en el trayecto de Circasia-Club de Tiro, para la categoría I (automóviles, camperos y camionetas), se fijó en $2.089,00, según Resolución No. 0008820 de 20 de diciembre de 1996. El 21 de abril del presente año, Autopistas del Café celebrará sus 28 de años de concentración de poder sobre la vía concesionada. Aquel peaje que tan solo costaba $2.089,00, hoy exige al usuario el pago de $20.200 para tener derecho a pasar. A la fecha, no se tiene claro cómo se calculan los incrementos en los peajes, considerados entre los más caros de Colombia.

Los humanos, cuando descubrimos dónde hay riqueza, hacemos todo lo posible por consolidar y proteger los medios que nos han permitido acceder a ella. Si descubrimos una mina de esmeraldas, la historia ha registrado conflictos por aferrarse a la piedra preciosa. Luego descubrimos que las carreteras del país son también una fuente de riqueza, explotable a través del método de los peajes. Es mejor tener un peaje que un banco. Sin embargo, una comunidad campesina, a través de su junta de acción comunal, no puede administrar una carretera ni cobrar por el paso. El modelo neoliberal nos dicta que solo la empresa privada está en capacidad de hacerlo.
Autopistas del Café hará todo lo posible por mantener su operación de explotación económica sobre la vía. Y durante estos 28 años de administración, la reducción en la accidentalidad no se ha evidenciado. A la concesión no le importa si personas o animales mueren en la carrera, lo que les importa es mantener el poder a través de los peajes.
El contrato de concesión finalizará en el año 2027, y desde ya están moviendo todas las fichas dentro del aparato gubernamental, no con la intención de mejorar la infraestructura, sino con el único objetivo de asegurar el derecho de administrar los siete peajes más caros del país, instrumento extraordinario de recaudo y fuente de riqueza. Para las finanzas de Autopistas del café, todo ha salido a la perfección durante los años de explotación económica de la vía. Por ejemplo, se espera recaudar en el año 2025, una suma estimada de trescientos diez mil ciento cuarenta y dos millones ciento cuatro mil quinientos ochenta y cuatro pesos ($310.142.104.584).

(cálculos de CORPOCISER)
Los dueños de la concesión trabajan arduamente para asegurar la operación de la vía por treinta (30) años más, desde el año 2027 hasta el 2057. Para entonces, se habrá recaudado la suma total de cuarenta y cuatro billones seiscientos veinte mil trescientos treinta y siete millones diez mil cuatrocientos ochenta y siete pesos ($44.620.337.010.487). A ellos les seguirá yendo muy bien, pero a los tres departamentos involucrados –Risaralda, Quindío y Caldas–, muy mal.