A lo largo de la historia de Colombia la presencia de grupos armados en el territorio ha sido un problema persistente para la población. La lucha por el control territorial y las economías ilegales han ocasionado, durante décadas, desplazamientos forzados de comunidades enteras, asesinatos y masacres selectivas, secuestros y extorsiones, lo que ha generado una crisis humanitaria constante.
En los últimos años, dos factores han sido claves en la proliferación de grupos armados en Colombia: la inestabilidad de la frontera con Venezuela y el narcotráfico. Las tensiones entre Venezuela y Colombia ha sido una constante fuente de ausencia de control de estas zonas fronterizas entre ambos países, pero en los últimos años, esta cercanía territorial ha intensificado el caos en Colombia, y se ha convertido en un refugio estratégico para las guerrillas y el narcotráfico, con Apure como uno de los principales puntos de operación.
El 9 de marzo, se conoció de forma pública la existencia de un informe que expone la colaboración entre altos mandos del Ejército venezolano y los carteles del narcotráfico, confirmando que el estado de Apure se ha convertido en un epicentro del crimen organizado. Con 785 kilómetros de frontera compartida con Colombia y una extensa red de ríos interconectados, esta región se ha transformado en un corredor estratégico para el tráfico de drogas y la presencia de grupos armados ilegales.
En Apure, la presencia de grupos armados es tan profunda, que se menciona que «todos los gobernadores de Apure son escoltados por las FARC o el ELN» . En los últimos años, la presencia de grupos armados ha aumentado, convirtiendo a Venezuela un refugio seguro desde donde pueden operar con mayor impunidad. Lo que pasa en Apure es un claro ejemplo de cómo el narcoterrorismo ha sido, históricamente, la principal fuente de financiamiento de las guerrillas y los grupos armados ilegales.
Si bien en el pasado muchas empresas, nacionales e internacionales, fueron víctimas de la violencia en Colombia siendo obligadas a pagar cuotas extorsivas para poder operar en distintas regiones, ninguna otra actividad ilícita ha generado tantos recursos como el tráfico de drogas.
Algunos ejemplos de esta situación es el hostigamiento que históricamente han sufrido grandes multinacionales con presencia en Colombia durante décadas, como por ejemplo la bananera Chiquita Brands. Los trabajadores de estas multinacionales fueron directamente afectados por la violencia de grupos armados como las FARC, el ELN, las AUC y otros grupos armados al margen de la ley, quienes además de dejar un saldo sangriento en las comunidades rurales que dependían de estas industrias, imponían cuotas extorsivas para permitir su operación.
El caso de la bananera Chiquita Brands es uno de los más discutidos en recientes años. En 2007, la empresa reconoció haber realizado pagos a las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) entre 1997 y 2004. Según explicó la compañía, estos pagos, que ascendieron aproximadamente a 1,4 millones de dólares, fueron efectuados bajo presión y amenazas por parte de estos grupos armados, con el único objetivo de proteger la vida de sus empleados y asegurar la continuidad de sus operaciones en la región.
A pesar de las circunstancias descritas, la justicia estadounidense concluyó que dichos pagos contribuyeron indirectamente al financiamiento de un grupo relacionado con crímenes de lesa humanidad, lo cual derivó en una multa de 25 millones de dólares. En Colombia, Chiquita Brands ha enfrentado investigaciones y demandas civiles interpuestas por familiares de víctimas del conflicto armado, quienes reclaman compensaciones económicas por daños sufridos.
Otras empresas internacionales también se han visto afectadas por situaciones similares derivadas de las presiones ejercidas por grupos armados durante el conflicto colombiano, lo que ha tenido un impacto considerable en su reputación y operaciones.
En todos estos casos, las multinacionales han subrayado que sus acciones respondieron a situaciones de extrema presión e inseguridad, destacando que se vieron obligadas a tomar decisiones bajo circunstancias extremadamente difíciles, aunque las críticas sobre la falta de control y las consecuencias de sus decisiones siguen siendo un tema controvertido.
La violencia endémica asociada al narcoterrorismo persiste desde hace décadas, y la ausencia de control estatal ha propiciado el narcotráfico y el acelerado crecimiento de los grupos armados en Colombia en los últimos años. Por ejemplo, en la región del Catatumbo, en Norte de Santander, la presencia de grupos armados organizados ha aumentado significativamente pasando el ELN de 1.671 a 1.946 miembros, y las disidencias de las FARC de 195 a 285. Además, estos grupos podrían aumentar aún más en 2025, lo que ha intensificado los enfrentamientos y la violencia en el Catatumbo, afectando a las comunidades locales y la estabilidad de la región que se encuentra en la frontera con Venezuela.
De hecho, todo este complejo escenario de inestabilidad, que ha sido la normalidad durante décadas en Colombia, ha dejado un saldo de perjuicios que difícilmente se pueden medir, desde víctimas directas de estas estructuras criminales organizadas, hasta un sector privado que ha tenido que soportar los flagelos de operar en estos complejos escenarios. Luego de diversos procesos de justicia transaccional y décadas de inestabilidad, la situación no parece haber cambiado mucho. Recientemente, el New York Times, sigue retratando esta situación, en un artículo titulado «How Venezuela Helps Feed the Violence in Colombia», se percibe como las estructuras han persistido en el tiempo, siendo los principales afectados los mismos de siempre, los ciudadanos y el sector privado.
