La investigación periodística tenía como propósito que la alcaldía de Calarcá, bajo la dirección de Juan Sebastián Ramos, alias “el alcaldito”, me suministrara documentos clave para establecer la fecha de pago de un contrato de obra (N. 008 de 2023) ejecutado por John Freddy Guerrero Cerón. Un primer derecho de petición, enviado a la alcaldía de Calarcá en octubre de 2024, fue negado. Desde ese momento, los funcionarios del ente administración encendieron las alarmas y desplegaron todas las estrategias para evadir y dilatar una respuesta de fondo. Ni la opinión pública ni un juez podían enterarse de la fecha exacta en que se le pagó a Cerón.
Alias ´el alcaldito´ creyó que podía engañarme con su táctica de dilación, como si fuera un novato.
Un segundo derecho petición recibió la misma respuesta evasiva. La alcaldía apostó que, con el tiempo, desistiría. Incluso enviaron intermediarios con mensajes para que dejara el tema quieto. El alcalde, la tesorera, el secretario de hacienda estaban decididos a proteger a Cerón.
En febrero del 2025, solicite a un juez del municipio de Calarcá proteger mi derecho de petición y ordenará una respuesta clara y de fondo. El fallo de tutela le ordena a la alcaldía de Calarcá a entregarme los documentos en un plazo de 48 horas.
Sin embargo, la alcaldía ignoró el fallo y, en su afán de seguir ocultando la información, impugnó la decisión. El alcalde y su equipo de «leguleyos» estaban dispuestos a todo con tal de mantener la opacidad. Pero la impugnación no impedía que yo presentara un incidente de desacato, lo cual hice el 11 de marzo de 2025.
Finalmente, acorralados, no tuvieron más opción que entregarme los documentos que revelaban los pagos al contratista. Alias «el alcaldito» apostó a que el juez de segunda instancia les daría la razón, pero ni la suerte ni los rezos lo favorecieron: el fallo fue confirmado, y la alcaldía tuvo que cumplir con su deber.
Este caso demuestra la mala fe de la Alcaldía de Calarcá y su uso de artimañas propias de funcionarios mediocres para proteger a John Freddy Guerrero Cerón.
Cerón, a sabiendas de que tenía una deuda vigente, cobró un dinero que no le correspondía, con la complicidad de la alcaldía. ¿Cómo lo ayudaron? Sencillo: ignoraron una orden judicial del 9 de julio de 2024 que ordenaba el embargo y retención del 100% de sus honorarios. La administración tenía pleno conocimiento de la orden y, aun así, se burló de la justicia. No solo ignoraron el mandato en julio, sino que lo extendieron hasta septiembre de 2024, dándose el tiempo suficiente para «legalizar» el pago a Cerón.
El 12 de septiembre de 2024, el juzgado se percató de la maniobra y requirió a la alcaldía que explicara en un plazo de tres días por qué no había cumplido con la orden judicial. Es fácil imaginar la risa dentro de la oficina de Hacienda mientras ganaban tiempo para «arreglar» todo y proceder con el pago. Finalmente, el cheque por $110,187,139.00 se entregó el 23 de septiembre de 2024, en total violación de la orden de embargo.
¿Cómo es posible que alias «el alcaldito» y sus funcionarios se burlaran de un juez de la República sin consecuencias? ¿Y cómo es que el juez toleró semejante atropello?
Alias ‘el alcaldito’ cree que el escándalo morirá en el silencio, pero se equivoca. Su administración no solo mintió y manipuló, sino que desafió abiertamente la justicia para proteger a un contratista. Esto no es una simple irregularidad: es corrupción con total descaro, una afrenta contra la ley y un insulto a los ciudadanos. La Fiscalía General de la Nación tiene en sus manos un caso que no puede ignorar si aún pretende hacer justicia en este país.
