El Juzgado Cuarto Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras con enfoque étnico de Mocoa (Putumayo) emitió sentencia en favor del resguardo indígena San Gabriel de Fragua, perteneciente al pueblo originario Inga, ubicado en el municipio de Piamonte (Cauca).
La Unidad de Restitución de Tierras (URT), que durante siete años hizo el acompañamiento del proceso judicial en el Putumayo, indicó que el despacho judicial resolvió a favor de 19 familias, que con la sentencia recuperan el ejercicio pleno de sus derechos territoriales vulnerados en el contexto del conflicto armado. De hecho, el fallo beneficia a 62 personas que habitan en 24 hectáreas.
Con esta ya son cuatro las sentencias étnicas en la jurisdicción del Putumayo. Durante lo corrido del Gobierno del presidente Petro se han logrado dos sentencias a favor de los pueblos indígenas en esa región del país.
El año pasado obtuvieron la restitución el Consejo Comunitario Villa del Río, en Puerto Caicedo (Putumayo), y ahora se beneficia el resguardo indígena San Gabriel de Fragua, el pasado 6 de marzo.
Las comunidades ancestrales Selvas del Putumayo, del pueblo Inga, y Tenteya, del pueblo Zio Bain, ubicadas en Orito (Putumayo) fueron restituidas en 2017.
En la sentencia en favor del pueblo Inga, el Juzgado Especializado de Restitución de Tierras ordenó a la Fiscalía General de la Nación que, de forma inmediata, adelante las actuaciones tendientes a investigar las graves violaciones a los derechos humanos y las infracciones al derecho internacional humanitario cometidas contra los miembros del resguardo San Gabriel.
Además, le pide a la URT hacer la entrega simbólica del territorio, la cual debe hacerse de manera colectiva en una ceremonia especial, conjunta, concertada y liderada por las autoridades del resguardo, donde estén presentes las entidades cobijadas en el fallo.
Asimismo, esta sentencia con enfoque étnico se suma a otra proferida en diciembre del 2024 por el Juzgado Tercero Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras de Popayán, que emitió sentencia a favor del Consejo Comunitario Playón del Río Sigüí, ubicado en el municipio de López de Micay, en Cauca.
La decisión benefició directamente a 263 familias, integradas por 761 personas, que recuperaron la propiedad sobre un territorio ancestral de 44.509 hectáreas más 281 metros cuadrados.
