En cumplimiento de su función preventiva, la Procuraduría General de la Nación le solicitó a la gerente de la Empresa Social del Estado Hospital Departamental Universitario del Quindío San Juan de Dios Diana Carolina Castaño Londoño que considere la posibilidad de suspender el proceso que adelanta para contratar el servicio de vigilancia y seguridad privada, por las presuntas irregularidades del proceso contractual.

La Procuraduría Regional de Instrucción del Quindío le envió una comunicación en la que pide prestar especial atención a lo relacionado con el análisis que soporta el valor estimado del negocio jurídico, para el que existe una cuantía superior a los $ 1.000 millones, teniendo en cuenta que el valor tomado como referencia para establecer la tarifa presenta debilidades.

El ente de control resaltó que, aparentemente, solo se obtuvo respuesta de una de las cuatro empresas del sector a las que se les pidió cotizar, situación que no permite establecer parámetros de comparación para saber si el monto destinado resulta ajustado a los precios del mercado.

Adicionalmente, el Ministerio Público llamó la atención sobre el hecho de que no se mencionó que los datos recibidos por el Hospital, utilizados posteriormente para establecer los valores estimados del bilateral, los remitió una compañía que tenía la intención de participar del proceso contractual, lo que genera desconfianza y falta de credibilidad en las reglas establecidas.

La Procuraduría encuentra que persisten condiciones que pueden ser contrarias a los preceptos legales y que pueden vulnerar el principio de la selección objetiva, con base en lo que solicitó analizar la posibilidad de ajustar conforme a las necesidades y prioridades del interés público, indicando de manera clara, concreta e inequívoca que los recursos no serán direccionados a ningún oferente.