Jhon Fáber Quintero Olaya
Las noticias vuelan como el olvido que representan. Hace unas semanas el país estaba literalmente conmocionado por lo que estaba sucediendo en el Catatumbo a partir de la confrontación de grupos armados al margen de la Ley y miles de desplazadas. Esta tragedia humanitaria que fue declarada por las Naciones Unidas, al tiempo que más de 50.000 personas salían de sus hogares con rumbo a municipios cercanos. La reacción del Gobierno fue la de declarar un Estado de Excepción.
Múltiples discusiones se tejieron alrededor del cumplimiento de requisitos para tomar esta determinación, por cuanto no era considerada como atípica o imprevisible. Sin embargo, el Consejo de Gobierno y todos los sucesos posteriores con “papá pitufo” reemplazaron en la opinión público al conflicto interno aún sin solución. La salida de diferentes funcionarios del gobierno, incluyendo al ministro de Defensa, generó aún más incertidumbre sobre la estrategia que ejecuta la fuerza pública en límites con Venezuela.
Los líderes americanos parecen cada día más tentados a acudir a herramientas singulares estatales para el ejercicio del poder público. No es sólo Petro. Antes de él, Nayib Bukele declaró un régimen de excepción en el Salvador para enfrentar las pandillas que azotaban su seguridad. La concentración del poder y las denuncias sobre eventuales violaciones de derechos humanos son incalculables. El debido proceso de los encarcelados también es discutible, al tiempo que muchos juicios penales no han concluido y tampoco se han iniciado.
El presidente ecuatoriano Rafael Noboa acudió a una herramienta similar para enfrentar el crimen organizado. Igual que en Centroamérica, la nación sudamericana ha prolongado la declaratoria de excepción por varios meses, generando todo tipo de cuestionamientos sobre el ejercicio de derechos, garantías y el abuso de autoridad. Incluso los tribunales han tenido que frenar algunas invenciones del mandatario.
En Estados Unidos las cosas no son tan diferentes. El presidente Trump ha acudido a algunas normas de excepción para la imposición de aranceles, erradicar la inmigración irregular y hasta combatir las drogas y el fentanilo. El revolcón del republicano ha sido histórico, toda vez que contra la política exterior y busca el despido de miles de funcionarios públicos. Incluso la Corte Penal Internacional fue víctima de la arremetida del magnate gringo.
Así las cosas, no fue Petro el único que acudió a normas de excepción para contener una crisis e, incluso, crear nuevos impuestos. Preocupa que el Mundo cada día sea más autoritario y que los linderos del Estado de derecho sea cada vez más débiles. No podemos permitir que el estado de sitio retorne a Colombia, pese a la tendencia mundial e, incluso occidental. La Corte Constitucional a este respecto evoca que: “La alteración extraordinaria de la normalidad admite, en el constitucionalismo, la posibilidad de la alteración excepcional de las competencias legislativa” , pero no la supresión de la dignidad humana, la separación de poderes o el debido proceso. Esta clase de mecanismos jurídicos no se pueden convertir en una moda para enfrentar los desafíos del Estado contemporáneo. Los problemas estructurales de la sociedad no se resuelven con poderes exorbitantes a las instituciones, sacrificando un modelo de creación y aplicación del derecho que costó años crear y consolidar. No podemos olvidar el control social que debe ejercerse a ello como si fuera algo pasajero.