Jhon Jairo Hernández

La justicia, como espectáculo, se ha venido tomando la política en América Latina. Frente a las amenazas a la seguridad ciudadana, el modelo de militarizar la policía se ha venido tomando como el camino más expedito para conjurar los problemas de seguridad urbana. En todas partes se escuchan personas que claman por penas más largas, aumentos de tipos penales y, lo más grave, encarcelamiento masivo, siguiendo el modelo aplicado en El Salvador por el presidente, que hace sus pinitos como dictador, Nayib Bukele.

Frente a todo este show, donde se muestran cárceles abarrotadas, con los mareros acuclillados y en el piso, se clama que llegó el tiempo de separar la gente buena de la mala, y frente a esto, hay que hacer un análisis serio para cuestionar la efectividad de estas políticas, denominadas como de “tolerancia cero”. Es importante decir que no fue inventada en El Salvador, sino que se aplicó ampliamente en Nueva York, en la alcaldía de Rudolf Giuliani y su comisionado de policía, William Bratton.

La criminología ha demostrado que las cárceles se han transformado en auténticos espacios de formación delictiva. A pesar de que los códigos penales establecen la resocialización como uno de los objetivos de la pena, los resultados han sido, en muchos casos, diametralmente opuestos a esta intención. Esto se manifiesta en la proliferación de poderosas pandillas carcelarias. Un claro ejemplo de esta realidad es Brasil, donde en las prisiones de Río de Janeiro surgió en los años 70 el Comando Vermelho, conformado por militantes de izquierda y delincuentes comunes. Luego, en la década de los 90, nació el Primer Comando Capital en respuesta a la masacre ocurrida en octubre de 1992 en la cárcel de Carandiru, en São Paulo. Esta organización fue fundada en la prisión de Tabuquete con el propósito de exigir mejores condiciones de vida para los reclusos, sumándose así a las reivindicaciones del Comando Vermelho y adoptando su lema de «paz, justicia y libertad».

A esta situación se suma lo que actualmente sucede en el país vecino, Ecuador, donde los motines en las cárceles se han vuelto algo habitual, dejando como resultado decenas de muertes. Esta violencia ha permeado diversas ciudades del país. En el contexto de la campaña presidencial de 2024, el candidato presidencial Fernando Villavicencio fue asesinado. Según las investigaciones de las autoridades ecuatorianas, este crimen fue ordenado por un líder criminal de la banda Los Lobos desde prisión.

Un fenómeno complejo

La complejidad del fenómeno criminal requiere, por lo tanto, un enfoque interdisciplinario. Es fundamental comprender que el problema penal no recae únicamente en los operadores de justicia; es imprescindible identificar los factores que predisponen a ciertos sectores de la población a involucrarse en conductas delictivas. En este sentido, es vital entender las lógicas y dinámicas que rodean el crimen. Esto nos permitirá determinar los mecanismos que utilizan para involucrar a niños, niñas y adolescentes (NNA) en diversas modalidades delictivas. Este proceso contribuye al aprendizaje criminal, que puede definirse como un conjunto de prácticas que facilitan el éxito en actividades delictivas. En este contexto, el aprendizaje se percibe como un cálculo de oportunidades que busca minimizar riesgos, tal como plantea el economista Gary Becker en su teoría sobre la economía del crimen.

Lo que inicialmente se presenta como una solución mágica a corto y mediano plazo, en realidad conlleva diversas complicaciones. Un claro ejemplo de esto es el caso de El Salvador, donde ha surgido el denominado «delito de apariencia». En este contexto, las prácticas, la vestimenta y el lenguaje de ciertos jóvenes se convierten en motivos suficientes para ser detenidos sin justificación, a través de lo que se conoce como una captura administrativa.

Es muy grave eso de instaurar en una sociedad la sospecha como fundamento legal para tomar decisiones, y puede dar lugar a arbitrariedades, estigmatización de poblaciones enteras, solo por su origen socioeconómico.

Cesare Lombroso y Enrico Ferri fueron los pioneros del positivismo criminológico en el siglo XIX. Lombroso sostenía que el comportamiento criminal podía explicarse a través de factores biológicos. Posteriormente, su discípulo Ferri amplió esta perspectiva al señalar que la conducta criminal también estaba influenciada por factores ambientales, lo que dio lugar a su obra más destacada, «Sociología Criminal». Sin embargo, uno de los grandes problemas de este enfoque era su naturaleza biológicista, lo que llevaba a la estigmatización de grupos específicos.

En la actualidad, estas teorías han sido desafiadas y la criminología moderna ha llegado a la conclusión de que es fundamental considerar los factores heredo biológicos, así como los aspectos ambientales, sociales y económicos, como elementos que pueden llevar a una persona a involucrarse en actividades delictivas. Un aporte destacado en este ámbito es el del criminólogo y sociólogo Edwin Sutherland, quien, a través de su teoría de la asociación diferencial, argumenta que “el aprendizaje criminal se produce en grupos cerrados; por lo tanto, vivir en un mismo barrio no convierte a todos sus habitantes en criminales, aunque entre ellos haya personas con conductas contrarias a la ley penal”

La realidad frente al deseo

Las cárceles están llenas y han superado su capacidad debido al hacinamiento. Esto se debe a varios factores, incluido el populismo punitivo, que hace creer que más delitos en la ley reducen la criminalidad. En Colombia, por ejemplo, hombres son encarcelados por no pagar pensiones alimentarias, a pesar de que sus delitos no son graves. Con el aumento de la población carcelaria, los recursos de los operadores penitenciarios son insuficientes, lo que debilita la gobernabilidad en las prisiones. Esto lleva a una doble administración: una institucional y otra que surge dentro de la cárcel, donde los reclusos crean sus propias dinámicas de poder que pueden superar el control oficial.

Fue gracias a las investigaciones del profesor Philip Zimbardo, realizadas en 1971, en lo que él denominó, “el experimento de la prisión de Stanford”, que el mundo ha llegado a comprender cómo el entorno influye en el comportamiento de las personas. Zimbardo reveló que, al colocar a individuos con buenas intenciones en un ambiente negativo, su conducta puede transformarse, un fenómeno que él describió como «prisionización». A través de su trabajo, el psicólogo social evidenció cómo las fuerzas situacionales pueden dominar a las personas en contextos específicos, revelando así la compleja relación entre el individuo y su entorno.

No es necesario recurrir a los estudios de Zimbardo para comprender que reunir a un grupo de personas en un espacio reducido puede desencadenar diversos problemas. Lo más preocupante es que al mezclar a individuos condenados por delitos menores con criminales profesionales o violentos, se crean condiciones propicias para un deterioro en la vida de estas personas. Esto puede llevarles a adoptar el delito como un estilo de vida, lo que a su vez elimina cualquier posibilidad de resocialización.

Parece que la sociedad ha olvidado que muchos de los condenados terminarán reingresando a la vida en libertad. Es fundamental proporcionarles oportunidades de empleo y reinserción, una vez que hayan cumplido sus penas. Si no se les ofrecen alternativas dentro del marco legal, corremos el riesgo de que regresen al mundo del delito, repitiendo un ciclo vicioso de detenciones, condenas y liberaciones. Sin embargo, sobre este tema parece que rara vez se reflexiona.

El etiquetado social que se genera a través de la solicitud de antecedentes penales para acceder a cualquier contrato, de alguna manera, termina excluyendo a las personas que han sido condenadas por algún delito. No existe un mecanismo que permita hacer distinciones entre aquellos que han cometido delitos graves o de naturaleza sexual, los cuales ameritan restricciones específicas, como, por ejemplo, el no poder trabajar en entornos educativos donde haya niños. Sin embargo, en este mismo proceso se agrupan indiscriminadamente a quienes fueron encarcelados por evasión de impuestos o por un homicidio culposo como resultado de un accidente de tráfico, entre otros casos.

La cárcel es vista por la sociedad como un lugar para lo que resulta incómodo. Se cree que la condena significa sufrimiento. Aunque se dice que la justicia es justa, muchas personas condenadas no son las más peligrosas. A menudo, son las más vulnerables, como los que son pobres y no pueden acceder a una defensa adecuada, o quienes sufren discriminación.