Por Federico Acevedo Ramírez
La política de paz del gobierno nacional, conocida como Paz Total (ley 2272 de 2022), no va camino a desmovilizar ningún grupo armado, por errores en su concepción y en la estrategia de negociación.
La Paz Total contempla dos tipos de negociaciones para dos tipos de grupos armados ilegales: aquellos con reconocimiento político (las guerrillas, con quienes se sostienen diálogos políticos) y aquellos sin reconocimiento político (las bandas criminales, con quienes se sostienen diálogos socio-jurídicos, que son en realidad negociaciones de sometimiento a la justicia). Esta diferencia entre los dos tipos de diálogos creó un incentivo perverso para que el grupo armado ilegal más grande, extendido y poderoso de Colombia, el Clan del Golfo (que se hace llamar ahora Ejército Gaitanista de Colombia), aumentara el número de acciones armadas contra el Estado, pero también contra la población civil, para presionar al gobierno a que le otorgue reconocimiento político, de manera que pueda negociar bajo condiciones similares a las de las guerrillas. Durante los dos primeros años del gobierno Petro, el Clan del Golfo-EGC fue el grupo ilegal armado que más contribuyó al aumento del número de acciones armadas.
El 07 de agosto de 2022, día de la posesión de Petro, el Clan del Golfo declaró un cese al fuego unilateral, con el fin de manifestar su intención de negociar con el nuevo gobierno. Sin embargo, la respuesta del gobierno fue una política de paz que no ofrece incentivos para que los grupos armados sin reconocimiento político se desmovilicen, pues el gobierno no creó el marco legal necesario que le permita ofrecer beneficios jurídicos adicionales a los que contempla el principio de oportunidad individual del Código Penal. Palabras más, palabras menos, el gobierno no tuvo nada que ofrecerle al Clan del Golfo, que constituye, según la Fundación Pares, el gran reto para la paz de Colombia, pues ejerce influencia sobre 316 municipios, ubicados en 24 departamentos, siendo el grupo ilegal que más ha logrado infiltrar al Estado, a través de alianzas con miembros de la fuerza pública y con grupos políticos del bajo cauca antioqueño y del sur de Bolívar.
Según la Fundación Pares, el Clan del Golfo hace presencia en el 52% de los municipios de Antioquia, el 76% de los de César y el 100% de los de Córdoba y Sucre. Además, tiene un gran control territorial, con una base social importante, en el bajo cauca antioqueño y en el Urabá, antiguos bastiones de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). Este control territorial efectivo sobre una parte importante del territorio colombiano, con dinámicas parecidas a las que utilizaban los paramilitares, que incluyen formas de disciplinamiento social de la población, es el mejor argumento que tiene el Clan del Golfo para demostrarle al gobierno que merece el reconocimiento político o que, por lo menos, cumple con los mismos requisitos por los que se les otorga dicho reconocimiento a las guerrillas.
A pesar de que la política de paz no genera incentivos para la desmovilización de los grupos armados ilegales sin reconocimiento político, hay tres mesas de diálogos socio-jurídicos instaladas: 1) Medellín y Valle de Aburrá; 2) Buenaventura y 3) Quibdó. La razón principal por la que estos grupos se sientan a dialogar no es para desmovilizarse, sino para liberarse de la presión que ejerce la fuerza pública sobre ellos, de manera que puedan concentrar sus esfuerzos en capturar más rentas ilegales. Esto no quiere decir que los diálogos no produzcan beneficios, pues se observa una disminución de la violencia letal en las zonas donde se llevan a cabo (lo que explica la reducción en las tasas de homicidio intencional, sobre todo en Medellín y Buenaventura), sino que no van a llegar a feliz puerto. Reducir la tasa de homicidio no significa necesariamente que haya más seguridad, pues puede haber una intensificación de la violencia no letal relacionada con el incremento en la captación de rentas ilícitas, lo que aumenta otros delitos, tales como la extorsión, que es precisamente lo que ha sucedido en Medellín y el Valle de Aburrá. Al final de cuentas, los costos serán mayores que los beneficios, pues los grupos armados ilegales estarán más fuertes cuando los diálogos se rompan.
Si los diálogos socio-jurídicos van mal, los diálogos políticos van peor. La estrategia del gobierno nacional para negociar con las guerrillas genera un incentivo perverso para que aquellas dilaten lo más posible la negociación, pues esta les sirve para fortalecerse económicamente. La estrategia de negociación consiste en “ir cumpliendo lo acordado”, que parece muy innovador, que puede estar lleno de buenas intenciones, pero que no lleva a la desmovilización del grupo armado. Esto ralentiza el avance de las negociaciones por dos motivos: 1) parte de lo que se acuerda son ceses al fuego, lo que le sirve a las guerrillas para fortalecerse económicamente, generando un incentivo perverso a mantener abiertas las negociaciones por el mayor tiempo posible; 2) parte de los compromisos que el gobierno asume con las guerrillas implica un cumplimiento que toma tiempo, los famosos “tiempos burocráticos”, que las guerrillas no entienden y que utilizan como excusa para justificar sus acciones delictivas. Esto no quiere decir que los ceses al fuego no produzcan beneficios, pues reducen la violencia ascendente y la violencia letal en las zonas donde se mantienen activos, pero aumentan otros tipos de violencia relacionados con el mayor control territorial del grupo armado ilegal, como la extorsión, el desplazamiento forzado y el reclutamiento de niños, niñas y adolescentes, cuyas cifras oficiales representan un gran subregistro, pues las víctimas no denuncian por miedo a sufrir represalias. Al final de cuentas, los costos serán mayores que los beneficios, pues las guerrillas estarán más fuertes cuando los diálogos se rompan.
La política de paz del gobierno nacional no falla por su intención de negociar con grupos armados ilegales, sino porque lo hace de manera equivocada. La experiencia histórica reciente demuestra que la estrategia de negociación acertada fue la utilizada por el gobierno Santos, que combina el garrote con la zanahoria, es decir, negocia en medio del conflicto (mantiene la presión de la fuerza pública sobre el grupo armado para cerciorarse de que el principal incentivo de este al negociar no sea su fortalecimiento) y no se compromete a cumplir nada de lo acordado, sino hasta que la negociación haya llegado a feliz término: el famoso “nada está acordado hasta que todo esté acordado”.
Nota: las razones principales por las cuales Colombia es un país de grandes grupos armados ilegales, con capacidad efectiva para controlar una parte del territorio y permanecer en el tiempo son tres: 1) una economía ilegal con enormes tasas de ganancia, como el narcotráfico, la minería ilegal y ahora el tráfico de migrantes; 2) la complejidad de la geografía colombiana, que dificulta el control territorial efectivo, lo que está detrás del hecho de que este territorio no fuera lugar de grandes imperios durante la época precolombina, como sí lo fue el Perú (Imperio Inca) y México y Centroamérica (Imperio Azteca y Maya), y 3) un Estado débil y desfinanciado, que no está en capacidad de controlar la totalidad del territorio ni de garantizar los derechos económicos, sociales y culturales al conjunto de la población.
Nota 2: Según la Fundación Pares, Colombia atraviesa un ciclo de expansión territorial de sus grupos armados ilegales, que empezó en 2018, y que encuentra su principal explicación en la disputa territorial de los diferentes grupos por ejercer control sobre los territorios de influencia de las antiguas Farc. Palabras más, palabras menos, no es la negociación política la principal variable que explica la expansión de los grupos armados (pues estos se expandieron durante el gobierno Duque y se siguen expandiendo independientemente de que haya ceses al fuego o diálogos con el gobierno nacional), sino la ausencia estatal, una vez más, la falta de capacidad del Estado colombiano para ejercer un control efectivo del territorio.
