Una crisis anunciada

Ubicada en el noreste de Colombia, la región del Catatumbo es uno de los territorios más conflictivos del país. Su posición fronteriza con Venezuela y sus abundantes recursos naturales la han convertido en un epicentro del narcotráfico, la economía ilegal y la violencia armada. A pesar de los constantes anuncios gubernamentales sobre intervenciones y estrategias de seguridad, la realidad muestra un territorio donde el Estado es, en el mejor de los casos, un actor secundario. Más allá de ser una simple zona de conflicto, el Catatumbo representa un símbolo de la crisis estructural del país: la combinación letal de abandono estatal, corrupción y un tejido criminal que se fortalece en la impunidad.

Una problemática enquistada: actores, violencia y geografía

La región del Catatumbo es disputada por el ELN, disidencias de las FARC, bandas criminales y narcotraficantes, todos ellos beneficiándose de la producción de coca y del comercio ilegal a través de la frontera. La situación ha provocado que la población civil quede atrapada en medio del fuego cruzado. Según el Centro Nacional de Memoria Histórica, entre 1985 y 2018 se registraron más de 12,000 víctimas de homicidio en el Catatumbo, con miles de desplazamientos forzados y desapariciones. Recientemente, la situación ha escalado a tal punto que el gobierno de Gustavo Petro decretó el Estado de Conmoción Interior, una medida excepcional que refleja la incapacidad del Estado para controlar la crisis por vías regulares.

Entre 2022 y 2025, esta región ha experimentado un alarmante incremento en los índices de violencia y criminalidad. Según datos del Ministerio de Defensa, hasta enero de 2025, se registraron 47,084 personas desplazadas y 41 homicidios en la región, se incrementaron los asesinatos sistemáticos a lideres sociales generando un aumento desmedido de cifras que reflejan una crisis humanitaria de gran magnitud, con municipios como Tibú, Cúcuta y Ocaña siendo los más afectados.

Sin embargo, reducir la situación del Catatumbo a un problema de orden público es un error simplista. La geografía juega un papel fundamental en la perpetuación del conflicto. La porosidad de la frontera con Venezuela ha convertido a este país en un refugio ideal para los grupos armados ya mencionados, permitiéndoles operar con relativa impunidad. Además, la región cuenta con importantes recursos naturales como petróleo y tierras fértiles, lo que añade un factor económico a la disputa por el control territorial.

La permisividad del Estado, el desgobierno de Petro y la complicidad de Venezuela

La región del Catatumbo ha sido testigo de una escalada de violencia sin precedentes en los últimos años. Según informes recientes, entre el 16 y el 22 de enero de 2025, se registraron 38 asesinatos y 40,282 personas desplazadas en la zona; de acuerdo al diario el colombiano, con estas cifras se puede evidenciar una alarmante intensificación del conflicto, que pone en entredicho la eficacia de las políticas de seguridad implementadas por el gobierno de Gustavo Petro.

Cabe destacar que esta región no es solo un territorio en disputa, sino un reflejo de cómo el Estado colombiano ha fracasado en su responsabilidad de garantizar el monopolio de la fuerza y la protección de sus ciudadanos. La administración de Gustavo Petro implementó la política de «Paz Total» con el objetivo de negociar simultáneamente con todos los grupos armados. Sin embargo, esta estrategia ha demostrado ser ineficaz y ha servido para fortalecer a los grupos criminales. La suspensión de los diálogos con el ELN en enero de 2025, tras una serie de ataques violentos en la región, evidencia la falta de control del Estado y la ausencia de un plan estructurado para pacificar el territorio. En lugar de consolidar la autoridad gubernamental, el gobierno de Petro ha permitido que el Catatumbo se convierta en una zona sin ley, donde las guerrillas y los narcotraficantes imponen su propia gobernanza. La declaración del estado de excepción en el Catatumbo es una admisión tácita del fracaso gubernamental en garantizar la seguridad y el bienestar de sus ciudadanos

Además, informes de inteligencia han revelado una preocupante reducción de efectivos militares en la región, pasando de 70,000 a 50,000 entre 2012 y 2024, lo que ha facilitado la expansión de grupos armados ilegales. Medios como el diario el Tiempo afirman que esta disminución en la presencia estatal ha sido interpretada por muchos como una muestra de permisividad y falta de compromiso en la protección de la población civil.

Por otro lado, la corrupción también ha jugado un papel clave en la crisis en todo el sector público y las pocas instituciones estatales vigentes de la región. Así mismo, el papel de Venezuela en la dinámica del conflicto es innegable. El régimen de Nicolás Maduro ha sido señalado en múltiples ocasiones de brindar refugio y apoyo logístico a grupos guerrilleros y carteles del narcotráfico. Reportes internacionales han identificado que al menos el 70% de la cocaína que sale del Catatumbo transita por territorio venezolano antes de ser enviada a mercados internacionales. La permisividad del gobierno de Maduro convierte a Venezuela en un santuario para estructuras criminales, consolidando un eje delictivo que trasciende las fronteras colombianas.

Esta colaboración transfronteriza no solo fortalece a los actores criminales, sino que también complica cualquier esfuerzo unilateral de Colombia para restaurar el orden en el Catatumbo.

Entre la negligencia y la necesidad de una estrategia integral

Para concluir, el Catatumbo seguirá siendo un epicentro de violencia y criminalidad mientras el Estado colombiano continúe abordando la problemática con medidas aisladas y de corto plazo. La región necesita una estrategia integral que combine seguridad con desarrollo, invirtiendo en infraestructura, educación y alternativas económicas reales para la población. La comunidad internacional también debe jugar un papel activo, presionando a Venezuela para que deje de ser un santuario de grupos armados y apoyando mecanismos de cooperación transfronteriza.

Lo que ocurre en el Catatumbo no es un problema local ni coyuntural; es el resultado de años de negligencia, cómplices silenciosos y estrategias fallidas. Mientras no haya una voluntad real de transformar la región, la violencia seguirá siendo la norma y no la excepción.