Hace 78 años cuando aún no existía el nivel de degradación moral y de corrupción que hoy tenemos, el caudillo liberal Jorge Eliecer Gaitán enarboló la bandera de la restauración moral.  

Desde esa época hasta hoy ningún gobierno ha retomado esa bandera ni se ha comprometido en la recuperación moral de la sociedad. Por el contrario, todos, incluido el actual, han sido permisivos con la perdida de los valores, en especial de la ética y la moral, y auspiciadores de la corrupción que invadió todas las esferas del Estado, alcanzando niveles exorbitantes.  

Como gobiernan los corruptos y perdieron la vergüenza y  la dignidad, la justifican manifestando que la corrupción es inherente al ser humano. Para obtener el poder y la riqueza, convirtieron la compra de votos y el clientelismo en una práctica normal y generalizada; ante la mirada indiferente de la justicia y de los organismos de control. Acabaron con la democracia y nos impusieron la corruptocracia.  

La esperanza de cambio, de la restauración moral y la lucha frontal contra la corrupción y la impunidad, estaban fincadas en el primer gobierno de izquierda. Sin embargo, 30 meses después el balance es deplorable. Estos males siguen imparables. Era inevitable. Para ganar las elecciones se aliaron con lo peor de la clase politiquera corrupta que recomendó traspasar la línea ética. Familiares y amigos del presidente aprovecharon para obtener dinero de manera ilícita. Y altos funcionarios del gobierno no solo entregaron puestos y contratos, sino también dinero en efectivo para comprar el voto de los congresistas. 

El presidente que se comprometió a cumplir con los puntos incluidos en la consulta contra la corrupción que obtuvo más de 11 millones de votos, no ha cumplido con ninguno. En vez de premiar a los ciudadanos honestos y respetuosos de le ley, lo está haciendo con quienes la violan. Como a los asesinos guerrilleros y paramilitares a los que nombra gestores de paz y les asigna robustos esquemas de protección. 

 A los que siembran coca les ofrece comprarles la cosecha. A Laura Sarabia-investigada por el escándalo de utilización ilegal del polígrafo e interceptaciones ilegales, que costó la vida a un coronel de la policía, y al drogadicto y alcohólico confeso Armando Benedetti-que afirmó que si hablaba todos se iban para la cárcel-; por guardar silencio sobre hechos ilícitos en la financiación de la campaña y por los realizados en el ejercicio del poder, les da los cargos que pidan, sin importar que no cumplan con los requisitos para el cargo. Además, presenta una reforma a la justicia denominada restaurativa para rebajar penas y otorgar impunidad a delincuentes. 

Gracias a un pacto secreto con la fiscal Marta Mancera- con graves denuncias y acusaciones en su contra que ella misma ordenó archivar-, permitió su continuidad en la entidad y la de su equipo de fiscales (Gabriel Jaimes, Daniel Hernández, Javier Cárdenas, Mario Burgos, Pacho Malo y cía), vinculados con la mafia. Como lo denunció el periodista Gonzalo Guillén. ¿A cambio de qué?  

En cambio, los funcionarios íntegros y honestos que no se prestaron para violar la ley, fueron perseguidos, investigados y obligados a renunciar. Como el juez Andrés Rodríguez Caez que no aceptó un soborno de $200 millones que le ofreció el senador Eduardo Pulgar, ante las amenazas, se vio obligado a renunciar y exiliarse en otro país. El fiscal Daniel Cardona por no archivar un proceso contra el hijo del exgobernador de Antioquia Luis Alfredo Ramos, fue trasladado a Tumaco y presionado a renunciar. La valiente fiscal Angélica Monsalve que denunció ante la Comisión de Acusaciones de la Cámara a su jefe el corrupto fiscal Francisco Barbosa, por no engavetar las investigaciones contra un miembro de la poderosa familia Ríos Velilla, también fue trasladada, investigada y presionada a renunciar. El fiscal Alcibíades Libreros fue asesinado después de denunciar vínculos entre integrantes de la fiscalía y narcotraficantes. El gobierno y la Fiscalía deberían ponerlos como ejemplos de rectitud y probidad dignos de imitar, y promoverlos a mayores dignidades.  

Los valientes periodistas y ciudadanos veedores que denuncian la corrupción también son asesinados, porque están desprotegidos. En los últimos 45 años, 168 periodistas perdieron la vida a manos de sicarios pagados. Crímenes que quedaron en la impunidad, porque no hay justicia.    

La decadencia moral es cada día más profunda. Los valores morales están en declive, se perdió el respeto a la autoridad, al ser humano, a la vid; se normalizaron hechos que antes eran reprobados. Está fallando la educación en los hogares y en las instituciones educativas.  

Como afirmaba Gaitán, la solución no llegará de parte de los “dirigentes”, que solo están interesados en la concentración del poder y el dinero. Es deber del pueblo rebelarse contra la opresión, la injusticia, la exclusión y la desigualdad. Contra el imperio de los antivalores. Debe haber un estallido social que saque a los bandidos del poder. La restauración moral y la lucha contra la corrupción y la impunidad es el desafío más grande que afronta el país. Pero no hay voluntad política, ni decisión del gobierno, ni interés en enfrenarlo. Si no ganamos esta batalla, Colombia no tendrá futuro, será un Estado fallido.