Las elites la conforman un grupo minoritario de personas que tienen un estatus superior al resto de la población. Son hombres y mujeres situados en las más altas posiciones de las instituciones del Estado y que tienen dominio y un enorme poder presupuestal, burocrático y contractual. Que no se conforman con las exorbitantes remuneraciones mensuales y a través de las coimas en cada contrato y el sobreprecio se apropia de miles de millones de pesos del erario.    

Lo hacen con absoluta despreocupación porque saben que tienen garantizada la impunidad que les otorga el régimen de componendas y complicidades, entre el Congreso que los elige a cambio de puestos y contratos. La Fiscalía y la Justicia que no los investiga, ni condena a cambio de la misma contraprestación y de los demás organismos de control que no actúan porque también hacen lo mismo. Como ninguno tiene autoridad moral para investigar y sancionar al otro, opera la solidaridad de cuerpo.  

Estos hechos son repetitivos y se vienen presentando desde hace varias décadas. El más reciente, es el de la procuradora Margarita Cabello, cuota política de Cambio Radical y del clan Char, por la compra con un sobreprecio del 102% de la oficina 701 del edificio Centro Ejecutivo de Barranquilla a Inversiones Landazábal Dager y cia. Con anterioridad la procuraduría había suscrito un convenio con la Universidad Nacional para el avalúo del predio, que arrojó un valor comercial de $10.043 millones. A pesar del avalúo la procuradora firmó la promesa de compraventa el 20 de diciembre del 2023, comprometiéndose a cancelar por el mismo la suma de $20.306 millones y a pagar el 50% como anticipo a la firma de la misma.   

Además, establecía que el bien estaba libre de hipotecas y embargos y sería entregado debidamente saneado. Por lo que el vendedor incurrió en una falsedad documental, ya que el predio estaba hipotecado y tenía 3 embargos del Distrito de Barranquilla, que solo fueron levantados el 1 de marzo del 2024, luego del pago de las deudas con el anticipo entregado por la Procuraduría. Como si no fuera suficiente con tamaño despropósito, la Procuradora no verificó los antecedentes del vendedor Ludwig Landazábal Molina representante legal de la compañía, que había sido participe de un escándalo en la Dirección Nacional de Estupefacientes, por la venta con irregularidades de otra oficina en el mismo edificio. Investigación que fue archivada por prescripción de la acción penal.  

Este delito quedará en la impunidad porque a pesar de la rigurosa investigación de la senadora Esmeralda Hernández y de la solicitud del debate de control político a la procuradora, el presidente del Congreso, se ha negado a hacerlo, aplazándolo en 6 oportunidades.  Y nunca lo harán porque Congreso, Procuraduría, Contraloría, Fiscalía, Defensoría y Registraduría son organismos corruptos y politizados, que se convirtieron en clientelas electorales para la reelección de congresistas, y de persecución a los opositores.  

La Procuradora Cabello con fallos políticos sancionó y destituyó al canciller Álvaro Leyva, sin haberle comprobado el robo de un solo peso. Pero si absolvió a la exministra Karen Abudinen implicada en el peculado por $70.000 millones destinados al Internet para los niños más pobres. Y en vez de investigar la denuncia del ingeniero Luis Enrique Guzmán que afirmó que le pagó una coima de $2.500 millones a Alex Char por un contrato en la alcaldía de Barranquilla, presionó al denunciante para que retirara la denuncia.   

La lista de casos de corrupción en Colombia es interminable. Solo por mencionar algunos. Reficar, Odebrecht, DNE, Fondo Nacional del Ahorro, Las denuncias de Aida Merlano contra los Char y los Gerlein, La compra de 9.984.000 dosis de la vacuna Astrazeneca a un precio de 6 dólares la dosis cuando el precio era de 3.9 dólares, con un sobreprecio del 53% y un detrimento del patrimonio público de $75.480 millones en el gobierno de Iván Duque, etc., sobre los cuales la Fiscalía no ha hecho nada.  

En el actual gobierno, los escándalos en la UNGRD con compras con sobreprecio por más $80.000millones. La UNP con sobreprecios por más de $12.000 millones. La UNT con compras de tierras con sobreprecios del 70%. La corrupción es de derecha y de izquierda.  

La corrupción es el más grave problema endémico del país. Es un cáncer terminal que invadió las 3 ramas del poder público, los organismos de control y electorales. No hay quien la controle y la combata, porque todos forman parte de la corrupción. La corrupción es la culpable de la pobreza, el desempleo y la desigualdad. La Contraloría y la Auditoria General de la Republica calculan la corrupción anual en cerca de 50 billones de pesos, 5 reformas tributarias.  

El Congreso de la República que es el foco de la corrupción, fue administrado durante los últimos 12 años por Gregorio Eljach, al que el presidente Petro postuló, le hizo lobby e hizo elegir como Procurador General para suceder a la corrupta procuradora Cabello. Así mismo, hizo elegir al Contralor y a la Fiscal general, todos de bolsillo, para entrar a formar parte del contubernio de componendas y complicidades. Los corruptos pueden continuar tranquilos con su festín. El gobierno del “cambio” decidió arrear la bandera de la lucha contra la corrupción.  

Mientras no se extirpe este cáncer seguiremos siendo un país atrasado, fracasado y subdesarrollado.