El año judicial finaliza, pero no la prestación del servicio público de administración de justicia. Las acciones constitucionales como la tutela no paran y tampoco derechos fundamentales como el habeas corpus. Sin embargo, muchas otras ofertas institucionales de la rama tienen unas vacaciones colectivas que iniciaron esta semana. Las celebraciones de fin de año no se hicieron esperar.
Ahora bien, el balance de las relaciones de la judicatura con el ejecutivo no fue el mejor. La Corte Suprema declinó la condecoración del gobierno de la orden de mérito cruz de plata por autonomía e independencia judicial y el Consejo de Estado, en pleno, reaccionó a agresivos trinos presidenciales. El ambiente está caldeado y el año entrante no pinta bien en términos de colaboración armónica.
Al jefe de Estado le está faltando altura a la hora de pronunciarse sobre los diferentes temas de su interés. La función pública no puede ser conducida por redes sociales y sus perspectivas sobre los diferentes temas no pueden seguir la lógica de un ciudadano común. El ex senador Petro tiene el derecho de “defenderse” y hacer públicos sus pensamientos, pero debe reflexionar sobre los cauces comunicativos correctos porque en este momento no es un opositor, sino el centro de la estabilidad institucional. Sus oraciones de x tienen un impacto, incluso, de orden económico.
Las incitaciones a acudir a la justicia internacional por cuenta de un supuesto golpe blando son tan irresponsables como la falta de señalamientos específicos sobre supuesta confabulación del poder político y la función judicial. Las preocupaciones del líder político y sus claras discrepancias jurídicas deben tramitarse a través del orden constitucional y legal que juró defender. Los procesos no terminan y ante la más mínima sospecha de un fallo adverso se busca llena una plaza pública o se vaticina el apocalipsis. Así no funciona un país.
La posesión de un magistrado de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia ante la misma corporación generó revuelo por carecer de antecedente. Se estrenó la recientemente aprobada y cosmética reforma a la justicia con un mensaje claro de la vigencia republicana de la separación de poderes. No será la última forma de iniciar en el ejercicio de un cargo sin visitar la Casa de Nariño.
El presidente de la Corte Constitucional también fue duro en sus declaraciones contra la administración nacional. A través de los medios de comunicación decantó que la corporación no se dejaría presionar por marchas y que el principio de supremacía constitucional prevalece sobre algunas expectativas ciudadanas. Un acto de gallardía éste que rememora la importancia social del principio contra mayoritario.
Se destaca como punto de convergencia interinstitucional el proyecto de ley que busca reforma el código de procedimiento penal. En este texto no intervino directamente el presidente Petro, pero si la ministra de Justicia. La iniciativa cursa con normalidad en el legislativo y allí se vio a todos los interesados haciendo su defensa. Cuando el horizonte es común los resultados son más expeditos.
No son muchas las experiencias de trabajo común entre el ejecutivo y la rama judicial en este 2024. Ojalá las reflexiones de año nuevo permitan recomponer el rumbo y lograr un mejor 2025 por el bien común y porque el país atraviesa tiempos en los que la unión de todos es necesaria para la superación de los retos venideros. Una clausura de 365 días para una profunda catarsis interinstitucional. Feliz navidad para todos.
