En el año 2022, la Procuraduría General de la Nación advirtió al gobierno departamental que una organización denominada “Fundación Cuenca” “participó del proyecto de siembra de 26.000 palmas de cera en Salento, sobre el cual en su momento tuvo muchas dificultades, denunciadas por posible corrupción…”.
Se trataba de la misma Fundación Creciendo Unidos en el Campo y la ciudad “Cuenca”, que estaba apunto de ganarse una licitación ajustada a favor de ellos. La advertencia surgió porque esta fundación, en el año 2016, había firmado con la corrupta Corporación Autónoma regional del Quindío (CRQ) un convenio (No. 034) cuyo objeto era “…Unir Esfuerzos Técnicos, Administrativos Y Económicos Para La Realizar La Restauración Ecológica Y/O Rehabilitación Para La Conectividad De Coberturas Boscosas, Con Énfasis En La Palma De Cera En 550 Hectáreas En Diferentes Herramientas Del Manejo Del Paisaje-HMP, Con Su Respectivo Mantenimiento Por Tres (3) Años, Incluyendo 22 Kilómetros, Como Estrategia De Adaptación Y Mitigación Al Cambio Climático…”.El valor del contrato ascendía a $ 1.581.860.232.
Diversas denuncian se presentaron contra este convenio debido a las irregularidades evidenciadas en su ejecución. El ambientalista que las reveló fue perseguido e intimidado mediante una querella por “injuria y calumnia”, ya que supuestamente afectaba el buen nombre de un corrupto de la CRQ. Durante ese tiempo, la CRQ se empeñó en encubrir todas las acciones en la ejecución del convenio para evitar que se conociera la verdad. Las 24.000 palmas de cera que supuestamente sembraron nunca aparecieron.
La querella por “injuria y calumnia” contra el ambientalista de Calarcá, Néstor Ocampo, no prosperó. La “sagrada e intocable CRQ” estaba dispuesta a arremeter contra cualquiera que intentara perturbar sus negocios. Hoy día, esta estrategia continúa: otros sátrapas de la CRQ han dado la orden a toda su maquinaria de aliados y oscuros tinterillos para silenciar judicialmente al veedor Luis Alberto Vargas Ballen. La misión de la CRQ tiene dos propósitos: 1) simular que protegen el medio ambiente y 2) atacar a quienes cuestionan sus prácticas.
A pesar de que la Procuraduría había evidenciado antecedentes negativos de la Fundación Creciendo Unidos en el Campo y la ciudad “Cuenca”, el gobierno de Roberto Jairo Jaramillo, a través de su secretario de agricultura, avanzó con mayor ímpetu en el proceso y le adjudicó el contrato (No. 1523 de 2022) por un valor de $ 11.689.338.849, 00. Así, burlaron abiertamente las advertencias de la Procuraduría.
Todo lo que se advirtió se comprobó con el tiempo. El contrato de prestación de servicios (No. 1523 de 2022), pactado entre el departamento del Quindío y la Fundación Creciendo Unidos en el Campo y la Ciudad fue un completo desastre. Los sátrapas de la CRQ y el piso 19 de la gobernación del Quindío tiene claro el panorama: poseen el poder suficiente para convertir el discurso de cambio climático en una herramienta para saquear los fondos públicos. Este discurso también ha sido acogido por la Universidad del Quindío. (En otra columna abordaré cómo la UniQuindío participó de los negocios del cambio climático).
La Contraloría General de la Nación intervino en el proceso de ejecución del contrato y encontró lo que muchos ya sabían: corrupción, falta de planeación y omisión de funcionarios en control del contrato. En la página 65 del informe de auditoría ( Caso No CAT_1967_2022_1) el ente de control fiscal señaló: “La situación detectada se originó por una presunta planeación deficiente del proyecto y una presunta gestión ineficiente en el manejo e inversión de los recursos del Sistema General de Regalías, así como la presunta inobservancia del principio de la contratación Estatal de economía y responsabilidad por parte de la entidad contratante, de igual forma por la ausencia de control y seguimiento en la ejecución del proyecto por parte de la supervisión e interventoría, lo que genera un posible detrimento patrimonial”.
Como el tema es extenso, nos vemos el próximo sábado.
