Tenemos establecido un régimen presidencialista y un Estado excesivamente centralista, donde la gran mayoría del presupuesto es ejecutado en las capitales, áreas metropolitanas y los municipios más grandes, en desmedro de casi toda la periferia y más de 1,000 municipios que permanecen en el olvido y el atraso. Esta situación fue la que propicio la separación de Panamá.
Por eso desde hace mucho tiempo se viene insistiendo en la descentralización fiscal y administrativa, en mayor autonomía para las regiones. No se puede administrar, ni solucionar los problemas, ni desarrollar el resto del país desde Bogotá y con desconocimiento de la realidad regional. Departamentos y municipios dependen para inversión del Sistema General de Participaciones y de la Regalías. Sus escasos ingresos solo alcanzan para atender los gastos de funcionamiento y una exigua inversión social.
El centralismo había impedido avanzar en este propósito. Pero, ahora después de 8 debates en ambas cámaras de manera expedita, legislando en beneficio propio, está próximo a hacer aprobado el proyecto de acto legislativo, que eleva las transferencias del gobierno central del 22% al 39.5% de los ingresos corrientes de la nación, en los próximos 12 años, a partir del 2027. El gobierno se había opuesto, pero finalmente cedió bajando las transferencias del 46.5% al 39.5%, seguramente a cambio del apoyo a las reformas sociales.
Fedesarrollo, ANIF, el Banco de la República, el Comité Autónomo de la Regla Fiscal y varios exministros de hacienda han advertido la inconveniencia del proyecto , porque consideran que el gobierno pasa por una crisis fiscal, el presupuesto esta desfinanciado, hay problemas de caja por el bajo recaudo tributario y una enorme deuda publica que limita los recursos para inversión; por lo que tendrá que hacer recortes por cerca de 50 billones de pesos en el presupuesto del 2025, reduciendo los programas sociales y los subsidios.
Este escenario nos lleva a la probabilidad de incumplimiento de la regla fiscal, que es clave para para la estabilidad macroeconómica, la generación de confianza inversionista y la sostenibilidad financiera del Estado. Obligándolo a recurrir a mas reformas tributarias o a mayor endeudamiento.
Creo que primero se debió aprobar la ley de transferencias de responsabilidades y competencias, para reducir el tamaño del Estado y eliminar entidades nacionales para evitar la duplicación de funciones. Adicionalmente, realizar la recategorizacion de departamentos y municipios. Un previo y juicioso estudio de planeación debía determinar la distribución con base en las necesidades y como premio a la generación de recursos propios, a la actualización del Plan o esquema de ordenamiento territorial, a la actualización catastral, a la capacidad técnica, administrativa y logística para manejar de manera transparente y eficiente los recursos transferidos y la contratación, con la vigilancia de organismos de control fiscales y disciplinarios independientes y autónomos.
Con la aprobación improvisada, politiquera e irresponsable de este proyecto, lo único que ocurrirá es el traslado de la corrupción del nivel central a las regiones. Primó el interés politiquero y electoral y no el desarrollo regional.
Con esta reforma constitucional que no es sostenible fiscalmente y que no tiene el aval del ministro de hacienda, pasará lo mismo que ocurrió con la elección popular de alcaldes y gobernadores, que no fortaleció la democracia, ni la participación ciudadana, pero si la toma de la administración publica por parte de carteles del narcotráfico, grandes contratistas y empresas electorales corruptas mediante la compra de votos con dineros ilícitos, que llegan a saquear los recursos públicos.
Además, incrementara el costo de las campañas electorales, la burocracia innecesaria, la corrupción y el clientelismo de alcaldes, gobernadores y congresistas, haciendo elegir como sucesores a sus candidatos, que solo serán títeres del verdadero dueño del poder municipal o departamental, como ocurre actualmente. Hoy las transferencias superan los 70 billones de pesos anuales, con la reforma superaran los 120 billones de pesos anuales, todo un botín para la codicia de los corruptos.
