La paz es un deber y un derecho constitucional de obligatorio cumplimiento. Alcanzar la anhelada paz fue una de las promesas del hoy presidente. Incluso se atrevió a pronosticar que el ELN se desmovilizaría en 3 meses. Después de más de 27 meses el proceso de “paz total”, es un fracaso total; porque no tiene política, estrategia y procedimientos claros y precisos. No hay líneas rojas que se puedan sobrepasar. Hay lesseferismo. Los colombianos nos acostumbramos a vivir en medio del conflicto armado.
Para seguir dialogando, como mínimo debe haber unas exigencias a los grupos delincuenciales de dejar el secuestro, el reclutamiento de menores, el desplazamiento forzado, los paros armados y la coacción a la población campesina e indígena para exigir el retiro de las Fuerzas Armadas de un determinado territorio, o en su defecto secuestrarlas y humillarlas. Este acto de indignidad y de claudicación de la fuerza pública ante la población civil desarmada, no se puede presentar más. Pero también, exigir demostraciones contundentes de voluntad, compromiso y seriedad para dialogar.
Como si no fuera suficiente con la falta de confianza y credibilidad mutua por incumplimientos de parte y parte, ahora se presenta mayor dificultad porque no hay unidad de mando y existe atomización de los diferentes grupos guerrilleros y paramilitares, que pretenden una negociación individual con cada grupo o subgrupo en diferentes regiones del país.
Al ver al gobierno timorato y debilitado suspenden unilateralmente los diálogos y rompen el generoso cese al fuego del gobierno. Han utilizado este tiempo de tregua para fortalecerse, crecer militarmente y extenderse en más municipios y departamentos. Han incrementado las masacres, el asesinato de líderes sociales, el secuestro, la extorsión, el desplazamiento de la población campesina e indígena.
La figura de los gestores de paz establecida en la ley 975/2005 y el decreto 1175 de 2016, solo se puede conceder a miembros de grupos armados organizados al margen de la ley. Por lo tanto, a los 18 jefes desmovilizados de las AUC, no les aplica. Algunos de ellos pagaron muchos años de cárcel en los Estados Unidos por el delito de narcotráfico, pero no han pagado por los miles de asesinatos, torturas, violaciones y despojo de tierras a más de 6 millones de campesinos. Como no cumplieron con el compromiso de verdad, justicia, reparación y no repetición, que les otorgó el Tribunal de Justicia y Paz, deben recibir su merecida condena.
Los sanguinarios asesinos que cometieron crímenes de guerra y lesa humanidad, decapitando e incinerando campesinos en hornos crematorios al estilo del holocausto nazi, no pueden ser tratados como héroes, ni presentados como referentes morales. No se puede conceder beneficios sin contraprestación alguna, más aún cuando han reincidido como el mayor violador sexual de menores de edad, Hernán Giraldo alias “Taladro”. Los beneficios en un Estado de derecho deben ser para los ciudadanos que cumplen y acatan la ley, no para los criminales. Los derechos de las victimas priman sobre los de los victimarios.
Incomprensiblemente, el gobierno está del lado de los asesinos, que se han burlado de la justicia y le dio las espaldas a las víctimas, que han sido revictimizadas. ¿Acaso, estas generosas concesiones a estos despiadados criminales forman parte de los acuerdos del Pacto de la Picota, negociado con el hermano del presidente?
El presidente tiene que ser coherente y congruente. Critica la absolución de un juez a Santiago Uribe Vélez porque considera que la impunidad nos lleva a más violencia, pero tácitamente les está posibilitando la impunidad a los exjefes narcoparamilitares. Cuestiona la letra de la canción +57 de Karol G y otros reguetoneros, porque hace apología a la sexualización de menores de edad, pero designa como gestor de paz al mayor depredador sexual de menores en Colombia. Y presenta un proyecto de reforma a la justicia, rebajando las penas para los delitos por violación a menores.
El gobierno no puede permitir que guerrilleros y narcoparamilitares le sigan tomando el pelo y faltándole al respeto. Debe proceder con mano dura, sin contemplaciones, Debe someterlos con el poder de las Fuerzas Armadas inmensamente más fuertes y poderosas en número de combatientes, en armas y logística. La relación es de 20 a 1. Recuperar la soberanía sobre todo el territorio nacional es una obligación constitucional.
