La Constitución Política dice que los jueces en sus decisiones sólo están sometidos al imperio de la Ley. Es decir, que los abogados que administran justicia se forman en diferentes fuentes normativas para la resolución de los procesos que se someten a su consideración, empezando por otras sentencias o escritos de estudiosos en materias jurídicas. Durante décadas este esquema sirvió para la construcción de una sólida doctrina en esta materia.
Sin embargo, el mundo cambia y el derecho con él. La pandemia del Covid 19 impulsó un proceso judicial digital en el que las relaciones entre los intervinientes en cada caso no son iguales a lo que se conocía antes del 2020. Las salas de audiencias, los intimidantes palacios de justicia y la toga del funcionario judicial se reemplazaron por las pantallas digitales, conexiones y contactos frecuentes por vía telefónica. Las ventajas de este cauce adjetiva aún se discuten en el mundo jurídico.
Dentro de sus potencialidades tenemos que se acerca la justicia al ciudadano, se disminuye la burocracia judicial y se ahorra en infraestructura para garantizar el esencial servicio de administración de justicia. Sin embargo, no en todo el país se tienen las mismas condiciones de conectividad, por lo que el cierre de brechas en este sentido es un asunto de política pública. Muchos municipios y células judiciales carecen de las herramientas esenciales para estar en sintonía con el proceso en línea.
La ausencia de preparación en temas tecnológicos también ha sido una dificultad para servidores judiciales, litigantes y usuarios del sistema de justicia. Los instructivos para radicación de demandas y documentos pasan por procesos de mejora continua y, con ello, la preparación del jurista no es sólo en los dinámicos cambios normativos, sino también en las novedades de los softwares del ramo. El arquetipo del abogado del siglo XXI equivale al de un artesanal ingeniero con precisa información en la solución de conflictos jurídicos.
Esta vertiginosa mutación incluye un nuevo aditivo y es el de la inteligencia artificial. Los episodios de máquinas haciendo el trabajo humano y pensando por las personas en los 90 eran un asunto de ciencia ficción. En el 2024 el asunto ameritó una larga disertación de la Corte Constitucional en la sentencia T-323 de 2024. El prestigioso órgano judicial resolvió una tutela presentada por la madre de un menor con diagnóstico de espectro autista (TEA) y la controversia se suscitó porque uno de los jueces al resolver la segunda instancia utilizó el aplicativo ChapGPT 3.5. En el contexto de la motivación judicial la I.A. sirvió como insumo complementario al razonamiento judicial, pero este antecedente sirvió para que la Corte reflexionará sobre el uso de esta tecnología en la actividad jurisdiccional.
Luego de un extenso análisis sobre la ausencia de un marco regulatorio directo en Colombia sobre la inteligencia artificial el órgano judicial exhortó a su uso adecuado por parte de los jueces. La jurisprudencia es interesante en términos conceptuales y también por el esfuerzo hermenéutico para encontrar una base jurídica respecto de un tema cambiante y sin un piso legal específico. Las interpretaciones sistemáticas y de efecto útil de normas relacionadas son tan interesantes como la negligencia del legislador para la creación de un marco alrededor de ello. No es la única omisión legislativa importante desde el 91.
El Consejo Superior de la Judicatura tiene 4 meses para inventar los protocolos que no es capaz el Congreso y nuevamente los jueces están a la vanguardia del mundo en la protección de derechos. La inteligencia artificial es una herramienta que se ha expandido rápidamente, pero el ruto humano actual para el derecho y para la sociedad es no perder el sentido de la humanidad en cada cosa que se hace. La última letra al respecto aún no se escribe.
