El exgobernador del Quindío Roberto Jairo Jaramillo Cárdenas le confesó a la Corte Suprema de Justicia, a donde asistió como testigo convocado por la Procuraduría, que efectivamente tenía una importante relación con el exsenador Mario Castaño (+), el creador del más fuerte entramado criminal para quedarse con dineros del Estado en los últimos años. La audiencia corresponde al juzgamiento que la Corte le hace al senador del Centro Democrático Ciro Ramírez, señalado de quedarse con coimas en la repartición de contratos de la empresa Proyecta del Quindío en convenio con el Departamento de Prosperidad Social del Gobierno Nacional.
Y es que Mario Castaño no solo financió gran parte de la campaña a la gobernación del Quindío del exgobernador Jaramillo Cárdenas, sino que este lo escogió para que le impusiera la banda que lo acreditaba como gobernador del Quindío, en un hecho sucedido en el municipio de Pijao el 29 de diciembre de 2019, tres días antes de empezar su mandato. Además, Jaramillo nombró tres personas en su gabinete por recomendaciones de Mario Castaño, entre ellas al gerente de Proyecta Quindío Paulo César Herrera Correa, quien fuera detenido por las autoridades en uso de sus funciones como gerente, encarcelado y enjuiciado por corrupción con dineros del Gobierno.
Al preguntársele en la Corte Suprema a Jaramillo si había nombrado a Herrera Correa en ese cargo dijo que sí, que había recibido su hoja de vida y le había parecido muy adecuada para el cargo. Y al consultársele que quién se lo había recomendado, expresó que el exsenador Mario Castaño, el creador del entramado criminal denominado Las Marionetas.
Cuando se le interrogó a Jaramillo sobre si sabía de los contratos que el exgerente de Proyecto Pablo César Herrera Correa había convenido con la Agencia de la Prosperidad Social del gobierno del presidente Iván Duque, sostuvo que conocía que el gerente hacía gestiones con Prosperidad Social para realizar algunas obras, pero que desconocía cómo eran los procedimientos.
Sobre la audiencia en la Corte Suprema, el portal de noticia INFOBAE, sostuvo: “En efecto, en la evidencia recolectada por los investigadores, se detalla que el senador Ciro Ramírez habría administrado dos acuerdos interadministrativos en ambas regiones, valorados en $22.173 millones y $49.460 millones, respectivamente. Los empleadores favorecidos habrían abonado cerca de 1.000 millones de pesos en sobornos, dado que se suponía que Ramírez demandaba hasta un 15% de beneficio por cada contrato gestionado en favor de su red.
La versión que maneja el ente acusador es que Herrera, como ejecutivo, tuvo un papel preponderante en el direccionamiento de una serie de contratos y comisiones, ordenados en primer lugar por Castaño; y posteriormente por Ramírez, con la presunta complicidad del entonces director del Departamento de Prosperidad Social (DPS), Pierre García Jacquier; hoy en Europa, desde donde afronta un juicio por los delitos de concierto para delinquir e interés indebido en la celebración de contratos.
“Cuando él (Herrera) hablaba de contratos con el DPS, el DPS es una empresa del Estado, como decir que tengo con el ministerio tal… Nunca vimos algo distinto a la gestión propia del gerente de Proyecta”, agregó el exgobernador en su declaración ante el alto tribunal. Sobre el particular, cabe precisar que el 22 de octubre la Corte Suprema dio a conocer que el congresista Ramírez continuará en prisión mientras se adelanta el juicio en su contra, tras este controversial caso”.
