Mg. Christian Ríos M.
Politólogo Internacionalista

Colombia vive un periodo de creciente inestabilidad, marcado por un resurgimiento de la violencia impulsada por los Grupos Armados Organizados (GAO). A pesar de los esfuerzos del gobierno de Gustavo Petro por implementar políticas de paz y diálogo, la realidad en el terreno es preocupante. Grupos como el Clan del Golfo, el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y las disidencias de las FARC han intensificado sus actividades, creando un panorama de inseguridad que afecta a miles de colombianos.

Los Grupos Armados Organizados y su Influencia Regional

Clan del Golfo: grupo delincuencial conocido también como las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) se ha consolidado como uno de los más poderosos del país, opera principalmente en el Urabá antioqueño, el Bajo Cauca y el Chocó. En 2023, fue responsable de más de 400 asesinatos, según la Fundación Ideas para la Paz. Su control sobre el narcotráfico y la extorsión ha generado un clima de terror que impacta negativamente en la vida cotidiana de las comunidades. Su dominio se extiende a aproximadamente el 75% del territorio colombiano, en regiones de alta vulnerabilidad social, como los departamentos de Antioquia, Córdoba y Chocó, además de otras áreas en el Caribe y la costa Pacífica. Controla rutas clave para el tráfico de drogas, particularmente en los golfos de Urabá y Morrosquillo en el Caribe, y ha establecido corredores en el sur de Córdoba, el Bajo Cauca, y en algunas zonas que conectan con Venezuela. Cuenta con una red de contactos internacionales en países como México, Venezuela y América Central, lo que facilita sus operaciones de narcotráfico.

La organización ha diversificado sus actividades, incluyendo contrabando y tráfico de migrantes, y ejerce una gran presión sobre las comunidades mediante extorsiones y control territorial, afectando la movilidad y seguridad de los habitantes. En algunos lugares, como el Oriente antioqueño, disputan el control de recursos naturales, especialmente en zonas de minería, en una confrontación con otras organizaciones como el ELN y facciones disidentes de las FARC​.

Recientemente, el gobierno ha buscado abrir un diálogo para la desmovilización del Clan del Golfo, lo cual responde a su estrategia de presionar por un reconocimiento político. Sin embargo, el proceso enfrenta desafíos por las fuertes estructuras y redes de control social y económico que el Clan del Golfo ha consolidado en los territorios bajo su influencia​.

Ejército de Liberación Nacional (ELN): Se caracteriza por su estructura descentralizada y su enfoque en el control territorial, especialmente en zonas estratégicas para el narcotráfico y la minería ilegal. Aunque sus filas han disminuido en comparación con décadas pasadas, según informes recientes, el ELN tiene presencia activa en 214 municipios en 21 departamentos de Colombia, concentrándose en zonas como el Catatumbo (Norte de Santander), Chocó, Arauca y zonas de Antioquia. Estas áreas son estratégicas por su cercanía a fronteras (especialmente la venezolana), recursos naturales, y corredores de narcotráfico.

Durante el 2023, hubo un aumento en las acciones violentas atribuidas al ELN, con más de 300 ataques reportados en todo el país. En lo transcurrido del 2024, se han reportado al menos 50 atentados terroristas, incluidos ataques en zonas urbanas que han dejado más de 200 muertos y heridos entre la población civil. Su capacidad para operar con impunidad es un reflejo de la falta de una estrategia efectiva por parte del gobierno.

Disidencias de las FARC: Las disidencias de las FARC tienen una fuerte presencia en 17 departamentos de Colombia y controlan aproximadamente 120 municipios, aunque su influencia se concentra en áreas estratégicas para el tráfico de drogas y otros recursos. Las zonas más afectadas incluyen regiones como el Cauca, Nariño, Guaviare, Meta y Putumayo, que son importantes para el cultivo de coca y el tráfico hacia la costa pacífica.

Las disidencias de las FARC cuentan con un estimado de 2,000 a 3,000 combatientes armados, divididos en varias facciones, siendo las más grandes la «Segunda Marquetalia» y el «Frente 1°». Estos grupos operan de manera independiente, lo cual dificulta una negociación unificada con el gobierno.

Sus recursos financieros se estiman entre 50 y 100 millones de dólares anuales gracias a actividades ilícitas. El narcotráfico sigue siendo su fuente principal de ingresos, especialmente en áreas donde cultivan y procesan coca. La minería ilegal, particularmente en departamentos como el Cauca y Nariño, también es una fuente clave de financiamiento.

Las zonas de influencia de las disidencias, como el suroeste de Colombia, están entre las principales áreas de producción de coca del país. Según la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), Colombia produce alrededor de 1,200 toneladas de cocaína al año, de las cuales una porción significativa es controlada por las disidencias. Estas disidencias han sido responsables de un aumento en la violencia en las zonas rurales, especialmente en el Cauca y Nariño.

Para el 2023, se les atribuyeron más de 200 ataques y enfrentamientos con las fuerzas de seguridad y con otros grupos armados, generando desplazamiento de comunidades y un aumento en los homicidios en las áreas bajo su influencia. Estas organizaciones, que se negaron a desmovilizarse tras el acuerdo de paz de 2016, son responsables de numerosos conflictos territoriales en regiones como Putumayo, Caquetá y Nariño. En lo transcurrido del 2024, se registraron más de 30 masacres atribuibles a estas disidencias, lo que evidencia su impacto devastador en las comunidades, que enfrentan desplazamientos forzados y violencia constante.

Cifras Alarmantes de Violencia

“La agencia de noticias EFE” y el think tank “InSight Crime” presentaron diferentes cifras de violencia para el 2023 reportando que el ELN fue uno de los principales responsables de acciones violentas con 137 enfrentamientos reportados solo hasta mayo y que para el 2024 la violencia en áreas controladas como Chocó y Nariño han venido en aumento; Las disidencias de las FARC, especialmente las facciones Segunda Marquetalia y Estado Mayor Central (EMC), intensificaron sus operaciones en zonas claves como Putumayo, Cauca y Nariño registrando en el 2023, 34 eventos violentos registrados solo en la primera mitad del año. Esta violencia se ha traducido en un aumento del desplazamiento forzado y confinamiento de comunidades, afectando a más de 53,000 personas por confinamiento y cerca de 29,000 por desplazamiento en el 2024​; Mientras tanto el clan del golfo ha sido protagonista de ataques contra líderes sociales y comunidades en Antioquia y el Bajo Cauca, donde se sospecha que instigó un paro minero en 2023, y en los primeros seis meses del mismo año ejecutaron 31 ataques contra líderes sociales, consolidando su presencia en territorios estratégicos del narcotráfico.

Las cifras de violencia en Colombia son desalentadoras. Según el Observatorio de Paz y Conflicto, el número de homicidios en Colombia ha aumentado un 15% en 2024, alcanzando cerca de 28,000 muertes violentas. Los atentados terroristas también han aumentado, con más de 80 ataques registrados en el mismo año, que han dejado un saldo de más de 200 víctimas fatales entre civiles y miembros de la fuerza pública.

Un gobierno ineficaz y Falto de Gobernabilidad

La administración de Gustavo Petro ha sido objeto de severas críticas por su ineficacia en la gestión de la seguridad y la falta de gobernabilidad. A pesar de un discurso centrado en la paz y la reconciliación, el gobierno ha demostrado una alarmante incapacidad para contener la creciente violencia. En 2023, el aumento del 15% en homicidios y el incremento de atentados son evidencias directas de un manejo inadecuado de la situación.

Desde que Petro asumió el cargo, la tasa de homicidios ha aumentado de 23 a 28 por cada 100,000 habitantes, una cifra que refleja un fracaso rotundo en el cumplimiento de sus promesas de seguridad. En el mismo período, el número de desplazados ha crecido, mostrando que la violencia no solo persiste, sino que se intensifica. En 2024, más de 400,000 colombianos han sido desplazados por la violencia, una cifra que denota un déficit en la protección de los derechos humanos y la seguridad de los ciudadanos.

El gobierno ha fallado en establecer una estrategia clara y efectiva para desmantelar estas estructuras criminales. La falta de recursos y dirección ha dejado a las fuerzas armadas en una situación precaria, incapaces de afrontar el desafío de grupos cada vez más audaces. La falta de respaldo a la fuerza pública es particularmente alarmante. En 2023, el presupuesto destinado a la defensa se redujo en un 8%, lo que ha debilitado la capacidad de las fuerzas armadas para combatir a los GAO. Además, la falta de recursos ha llevado a una disminución en el equipamiento y la capacitación de las tropas, aumentando su vulnerabilidad en el campo de batalla. Según un informe del Centro de Estudios para la Paz, el 70% de los miembros de la Policía Nacional se sienten desmotivados y sin apoyo suficiente para enfrentar el creciente desafío del crimen organizado.

Además, la percepción de inseguridad ha alcanzado niveles récord, con un 75% de la población sintiendo que su seguridad está en riesgo, según encuestas recientes. Este descontento generalizado es un claro indicador de la falta de confianza en un gobierno que prometió un cambio y ha entregado, en cambio, un aumento en la violencia y el caos.

El discurso del gobierno, que ha priorizado el diálogo con grupos armados en lugar de fortalecer las capacidades de las fuerzas de seguridad, ha sido contraproducente. Esta estrategia ha generado una percepción de debilidad en la respuesta del Estado frente a la violencia, lo que a su vez ha alentado a los GAO a expandir su control territorial. La falta de liderazgo y dirección ha dejado a la fuerza pública en una posición precaria, sin el apoyo necesario para enfrentar el desafío que representan estos grupos.

Un Llamado a la Acción

La inseguridad en Colombia es un problema que no puede ser ignorado. Es fundamental que el gobierno implemente un enfoque integral que no solo contemple la acción militar, sino que también aborde las raíces de la violencia. Invertir en desarrollo social, educación y oportunidades económicas en las regiones más afectadas es esencial para romper el ciclo de violencia y que a la fecha en este aspecto el actual gobierno también ha sido inoperante.

Además, no se debe desestimar fortalecer el sistema judicial y garantizar que los responsables de crímenes sean llevados ante la justicia es crucial para recuperar la confianza de la ciudadanía. Las comunidades deben ser parte activa en la formulación de políticas de seguridad que respondan a sus necesidades.

En conclusión, Colombia enfrenta un desafío monumental en su lucha contra la inseguridad. Los GAO y los recientes atentados a civiles, fuerza pública e infraestructura económica del país son un recordatorio de que la paz es un objetivo lejano si no se toman decisiones firmes y efectivas. El gobierno de Gustavo Petro debe asumir la responsabilidad y actuar con determinación para garantizar la seguridad y el bienestar de todos los colombianos, y es asumir con responsabilidad este reto, y no buscar culpables en medio de la nada -como lo ha venido haciendo- , o expresar más preocupación por la franja de Gaza que por los territorios vedados por la criminalidad y la guerra en Colombia, o también, perdiendo el tiempo realizando esfuerzos fallidos de gobernabilidad desde las redes sociales; los colombianos necesitamos más acción y menos confusión, lo necesitamos en la calle, en las zonas rurales y en la selva actuando con la fuerza pública y no navegando en su nube digital. La seguridad no es solo una cuestión de política, es un derecho humano fundamental que debe ser protegido. La inacción no es una opción; es momento de un cambio real y efectivo.