Tribunal de Bogotá revoca arresto contra el alcalde Padilla

El Tribunal consideró que la tutela en cuestión y el incidente de desacato son improcedentes, por tanto, revocó la medida.
2 noviembre 2024 12:21 am

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El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá revocó la medida de arresto que había impuesto contra el alcalde de Armenia James Padilla García, la secretaria de Educación Paula Andrea Huertas Arcila y la funcionaria Milena Arango Rodríguez, un juez de la República por, presuntamente, no haber acatado la decisión de posesionar cuatro personas en cargos que habían ganado en el concurso público realizado por el Servicio Civil colombiano.

El Tribunal consideró que la tutela en cuestión y el incidente de desacato son improcedentes, por tanto revocó la medida. Dijo el Tribunal: «Las actuaciones que se surten en el interior de un concurso de méritos son de carácter reglado en normas específicas, que establecen las pautas y condiciones a las cuales deben someterse los participantes o concursantes, así que su cuestionamiento debe darse ante los jueces correspondientes, mediante los mecanismos establecidos legalmente para ello y ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo, con lo cual la tutela o este incidente de desacato se tornan improcedentes para los fines perseguidos».

Al conocer que, efectivamente la secretaría de Educación sí había dado posesión a las cuatro personas que presentaron la tutela, el Tribunal precisó: «Así las cosas, considera la Sala que, las estrictas causas por las cuales se tramitó el presente incidente de desacato desaparecieron, sin que se observe arbitrariedad o capricho en el proceder de los incidentados, sino la necesidad de agotar las etapas establecidas en el acuerdo de convocatoria y en la ley, sin causar traumatismos que puedan afectar la correcta prestación del servicio, máxime cuando no se observa que las etapas del concurso se encuentren obstaculizadas, o retardadas por negligencia de la entidad convocante respectiva. Por este motivo, se revocará la sanción impuesta».

Finalmente, se confirma que la Administración Municipal de Armenia actuó bajo el debido proceso, sin desconocer los derechos de los implicados, y que deja sin argumentos a los tutelantes.

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