México vive tiempos de convulsión por cuenta de una reciente reforma a su legislación para la elección popular de funcionarios judiciales. El ex presidente López Obrador fue el promotor de esta novedosa iniciativa y el parlamento del país centroamericano la aprobó sin mayores objeciones. Los jueces en cercanías a Estados Unidos tendrán que hacen campaña al estilo de Kamala Harris o Donald Trump.

El pueblo, sin duda, es la fuente del poder público, por lo que desde un prisma eminentemente político no pareciera irrazonable que legitimara la representación judicial. Sin embargo, las funciones a cargo de los administradores de justicia y su razón de ser avizoran una ostensible inconveniencia e inconstitucionalidad de un veredicto de las mayorías en esta materia. La función judicial hace parte de la democracia, pero no de la misma forma que otros de los órganos estatales.

Los jueces, con independencia y autonomía, deben hacer respetar el orden constitucional y legal, para lo cual, en muchas ocasiones, deben tomar decisiones diferentes al sentir popular. El operador judicial no sólo es guardián de la legalidad, sino que debe proteger los derechos ciudadanos, incluyendo a las minorías, por lo que también en este aspecto el sistema tendría graves afectaciones. El control constitucional, por ejemplo, surgió como principio contra mayoritario.

La presentación de listados de candidatos para ocupar una dignidad judicial genera riesgos frente a la idoneidad de los postulados, por cuanto la toga no le vestiría el más apto, sino aquella persona con mejores niveles de persuasión ciudadana. Los jueces administran justicia y su rol no es el de simpatizar con electores, sino el de resolver jurídicamente conflictos apelando exclusivamente a las fuentes normativas. Un pensamiento en contrario sería un retroceso de siglos en la administración de justicia.

Para algunos México cambió su dinámica judicial en una especie de revancha de su ex mandatario por decisiones de la judicatura que no le fueron favorables. El ajuste no sólo se hizo en la forma como se nombran a los jueces, sino también en sus periodos y hasta en sus derechos pensionales. Todo un giro copernicano se tejió en la Cámara de Diputados.

El precedente, desde todo punto de vista no es el mejor, por cuanto alrededor del devenir judicial no pueden existir revanchismos, al menos desde el Estado Social de Derecho. El respeto por las providencias y la autonomía e independencia judicial son valores de nuestra forma de vivir, cuya conquista fue bastante cara. Luego, los móviles de los cambios legislativos en el Estado centroamericano producen alarma en las demás naciones.

La reciente preceptiva aún parece tener un filtro de constitucionalidad, pero los ánimos siguen caldeados. Los paros de funcionarios judiciales no cesan y la presidenta Sheinabaum está realizando una campaña fuerte para demostrar las bondades de la reforma. Aún no se escribe la última palabra, pero lo ya existente es al menos aterrador.

En Colombia el presidente Petro dijo que se tendría que pensar algo semejante. No obstante, semejante adefesio sería totalmente contrario al espíritu de la Constitución Política de 1991. Por ende, desde su concepción estaría totalmente viciada. Esperemos que no se intente este laboratorio en tierras cafeteras porque ello si sería un atentado directo contra la institucionalidad. México y sus jueces viven días complejos, lo mismo que el Estado de Derecho. La opinión y los votos no pueden ser la única concepción del poder público en un Estado democrático. Los jueces en campaña son un riesgo para los derechos y para el derecho.