En tiempos actuales, la guerra continúa. La tan anunciada “paz total” sigue embolatada. En los últimos días, el presidente Gustavo Petro ordenó el despliegue del ejército para recuperar el municipio de Argelia, en el Cauca, especialmente el corregimiento de El Plateado, dominado por disidencias de las FARC. Además, un territorio donde prevalece los cultivos de coca. Sus calles sin pavimentar y la pobreza prevaleciente son un testimonio de la desatención que enfrenta.

La alcaldía de Argelia tiene previsto cómo recibir los muertos de la guerra. En estudios previos para justificar la compra de ataúdes, se describió la necesidad de adquirir cajas mortuorias porque “en el municipio de Argelia constantemente se presentan fallecimientos de personas de escasos recursos y vulnerabilidad social, por causas naturales, accidentes y, en ocasiones, muertes violentas, así como víctimas del conflicto armado, debido a la presencia de diversos grupos al margen de la ley”.

Para los muertos de la guerra en el Cauca, se especifica la necesidad de un “cofre fúnebre sencillo, elaborado en madera de otobo, interior tapizado con tela lino sobre espuma, vidrio visor, lacado y pintado, de medidas 1.90 x 0.50 x 0.45, color madera lacado, con 4 agarraderas”. Cada caja mortuoria se pagó a $344.800. Este contrato, firmado en 2023, alcanzó un valor total de $29.997.600.

La ley permite a los municipios realizar este tipo de contratos de suministros para atender a las personas fallecidas y víctimas del conflicto. En el municipio de Circasia, donde no existe presencia de grupos armados ilegales, el alcalde justificó en 2023 la compra de ataúdes con estas palabras: “…resulta procedente la contratación de los servicios funerarios para cubrir las necesidades de la población en situación de vulnerabilidad del municipio o de la población víctima del conflicto armado…”. En 2024, el alcalde Julián Andrés Peña firmó otro contrato para los mismos fines, con un valor de $16.000.000.

Por su parte, la administración de Sebastián Ramos, alcalde de Calarcá, justificó un contrato de servicios exequiales aduciendo que “…es una asistencia social para garantizar a las personas que fallecen por causas naturales o violentas y cuyos familiares o dolientes carecen de recursos para sufragar los gastos, una sepultura digna o, en otros casos, para los cuerpos sin vida no identificados”. El valor de este contrato fue de $29.400.000.

En el municipio de Buenavista, donde no se vive la guerra, el alcalde firmó un contrato de $3.500.000 denominado “Suministro de servicios funerarios para las personas de la tercera edad del municipio de Buenavista (Quindío) que se encuentran en estado de vulnerabilidad y/o personas que son declaradas pobres de solemnidad”.

En Salento, la situación es diferente: allí poca gente muere y no es un municipio afectado por la guerrilla. Y no tienen ese tipo de servicio de ataúdes para sus muertos sufragado con dineros públicos. Sin embargo, los VIVOS tienen el privilegio de pactar contratos millonarios. Los administradores de dicho municipio firmaron en abril un convenio interadministrativo (003 del 5 de abril de 2024) a favor de otro vivo. Los ‘super contratistas’ de FONPACÍFICO pactaron con este ente territorial $80.830.000.

El contrato tenía seis meses de plazo para su ejecución, y su objeto incluía el desarrollo de actividades de participación ciudadana y ambientales, entre otras. El municipio de Salento está administrado por vivos incapaces de ejecutar su propio plan de desarrollo, por lo que buscan otro actor para hacerlo y le pagan por ello. De hecho, pocos días después de haber terminado el convenio anterior, firmaron otro contrato con el mismo FONPACÍFICO.

El nuevo convenio interadministrativo, firmado el 28 de agosto de 2024, fue por un valor de $159.516.000. Estaban tan apurados en firmar el contrato que no se percataron de que habían usado una plantilla con el nombre del “Fondo Mixto de la Cultura y las Artes del Departamento del Quindío”. A pesar del error, continuaron estructurando el contrato como si se tratara de dos beneficiarios. Dirán que dicho error no va en contra de la ley. (ver contrato completo, página 4). El convenio finalizó el pasado 28 de octubre del presente año.