El exgobernador del Quindío Roberto Jairo Jaramillo Cárdenas tendrá que responder por tres delitos que supuestamente cometió al recibir en donación de la Gobernación del Quindío el lote del estadio Guillermo Jaramillo Palacio, en Calarcá, en el año 2007.
La Fiscalía 200 seccional de Armenia le formuló acusación formal por los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales en el trámite y celebración, peculado por apropiación agravado y fraude procesal.
La audiencia de acusación se realizó esta mañana de martes en Calarcá, al amparo del Juzgado Único Penal del Circuito de Conocimiento, donde se decidió, además, continuar la vista judicial el 11 de marzo de 2025.
Los hechos investigados ocurrieron en 2007 cuando la entonces gobernadora del Quindío Amparo Arbeláez Escalante tramitó una ordenanza ante la Asamblea Departamental que le permitía transferir bienes y celebró un contrato de cesión gratuita de un predio de más de 19.529 metros cuadrados con la Asociación Abrazar, representada en su momento por el exgobernador Jaramillo Cárdenas.
El inmueble, ubicado en Calarcá, supera en valor los $12.100 millones de pesos, y fue entregado sin costo alguno a la organización particular para que pusiera en funcionamiento sus instalaciones, según lo dijo en su acusación la Fiscal 20.
Dijo que hay elementos de prueba que dan cuenta de inconsistencias en la documentación y requisitos presentados ante la Oficina de Instrumentos Públicos de Calarcá que, presuntamente, indujeron en error a los funcionarios que protocolizaron la tradición del predio.
Lo más delicado de lo revelado por la fiscal es que cuando se dio la enajenación del bien, los contratantes, Amparo Arbeláez y Roberto J. Jaramillo, modificaron el objeto del contrato, cambiaron lo ordenado por la Asamblea Departamental, en el sentido de precisar el lote a entregar. En este sentido, la Asamblea aprobó entregar un lote con un metraje pequeño, y ellos lo modificaron para que fueran los casi 20.000 metros de que consta todo el bien.
Afirmó que la enajenación se autorizó a título de donación para uso exclusivo a la asociación sin ánimo de lucro, Abrazar. Dijo que los contratantes, la exgobernadora Amparo Arbeláez y el exmandatario Roberto Jaramillo, quien era el representante legal, modificaron el objeto del contrato en el sentido de precisar el lote a entregar.
Sostuvo que formulaba acusación por las conductas fácticas evidentes con relación al contrato sin cumplimiento de requisitos. Indicó que, igualmente, no se realizó estudio de conveniencia que justificara los predios que serían objeto de cesión, es decir, las dos personas firmantes vulneraron la viabilidad jurídica, la afectación del erario y no hubo estudios previos de la cesión del lote.
El bien público que se entregó a título gratuito estaba fuera de comercio, lo que indica que el contrato se perfeccionó vulnerando los principios que rige la contratación pública.
Frente al tema del Fraude Procesal, la fiscal 20 sostuvo que el 3 de enero del 2008 las escrituras públicas fueron presentados al registro para perfeccionar el acto, y allí se indujo a error al registrador de instrumentos públicos, que materializó el registro.
Manifestó la fiscal que aquí existía un peculado por apropiación en favor de terceros lo que produjo un daño al erario. Reveló que Jaramillo, como presidente por muchos años de Abrazar había pretendido, durante mucho tiempo, obtener el bien para esa organización.
Al proceso correspondiente se le insertaron las modificaciones, de acuerdo con las aclaraciones y adecuaciones de redacción correspondientes a un escrito de acusación en pluralidad de personas y se eliminaron los cargos imputados como gobernador del departamento.
