Un acto resolutivo de la Agencia Nacional de Tierras en el 2019 les había quitado a 40 familias de reinsertados del proceso de paz con el paramilitarismo la famosa hacienda Pisamal, en La Tebaida, Quindío, luego de que se las había otorgado el gobierno del expresidente Álvaro Uribe en el 2006.
Una nueva acción judicial logró tumbar ese acto resolutivo del 2019 y, como consecuencia, ese preciado bien de 564 hectáreas volvió a ser propiedad de los reinsertados y campesinos pobres de la Costa Atlántica colombiana y algunos del departamento del Quindío.
Las acciones jurídicas para la recuperación de los cinco predios de Pisamal: Veraguas, Pedregales, La Colonia, Gran Horizonte y Bello Horizonte, le fueron encomendadas al abogado Jhon Enrique Osorio, después de que 11 abogados no lograron tumbar el acto resolutivo que les había quitado la tierra. Osorio encontró que la resolución del antiguo Incoder, hoy Agencia Nacional de Tierras, con la que se declaró la invalidez del otorgamiento de ese predio confiscado a la mafia, fue extemporánea, pues la ley les había dado plazo de 12 años para poder actuar en caso de incumplimientos de los deberes pactados, lo que se cumplió en el 2018. Es decir, los reinsertados y campesinos que obtuvieron el predio por reforma agraria no podían disponer libremente del predio en 12 años, esto es, hasta el 2018. En adelante tendrían total libertad de disponer de él como quisieran. Y como el acto resolutorio quitándoles el bien fue un año después, en 2019, carecía de valor, que fue lo que se tuvo en cuenta para revocarlo.
¿Cómo ha sido el procedimiento con esta tierra que alguna vez fue del narcotraficante quindiano Carlos Enrique Lehder y luego del narcotraficante hondureño Ramón Matta Ballesteros? Aquí les contamos la historia.
Un bien de la colonización del Quindío
Esta hacienda fue constituida por colonos en el proceso de colonización del Quindío, objeto de un litigio planteado por la compañía Burila, que a través de una escritura pública de 1884 se hizo fraudulentamente a todas las tierras de la montaña del Quindío. Los colonos pagaron a Burila por la tierra y en ella mantuvieron ganado como explotación económica. Sin embargo, gran parte del terreno conservó su patrimonio ambiental, ubicado en la vereda Pisamal, concordante con el hermoso valle de Maravelez, donde se encuentran los ríos Barragán, Río Verde y Quindío para conformar el río De la Vieja. Los primeros propietarios corresponden a las familias Marulanda y Velásquez.
En manos de los narcos
En la década del 70 del siglo XX, la propiedad fue adquirido por el narcotraficante quindiano Carlos Enrique Lehder Rivas, quien se la cedió en venta al también narcotraficante hondureño Ramón Matta Ballesteros y su familia. En la guerra contra el narcotráfico, el gobierno empezó un proceso de extinción de dominio del predio, cuyo dominio le fue extinguido a Matta Ballesteros y a su familia el 31 de marzo de 2005 por decisión del Juzgado Tercero Penal del Circuito Especializado de Descongestión de Bogotá. Extinguida la propiedad de Matta, el gobierno le entregó la hacienda al Consejo Nacional de Estupefacientes.
En manos de reinsertados
En el 2006, Pisamal pasó a manos del entonces Instituto Colombiano de Desarrollo Rural, Incoder, para que realizara un proceso de reforma agraria, parcelara el predio y lo entregara a campesinos sin tierra.
El Incoder la entregó, en desarrollo de la reforma agraria a un grupo de desmovilizados de las Autodefensas Unidas de Colombia –AUC-, y algunos campesinos de Córdoba y Quindío, que no explotaron la tierra, sino que se la arrendaron a una empresa azucarera del Valle del Cauca para la explotación agrícola con caña de azúcar.
Como queda dicho, en el 2019, el Incoder revocó las resoluciones que otorgaron los cinco predios de la hacienda Pisamal a reinsertados de las AUC y a campesinos de Córdoba y Quindío, argumentando que habían violado la norma de adjudicaciones porque no vivían en la tierra ni la trabajaban directamente. Frente a esta decisión es que actúa el abogado Jhon Enrique Osorio, que logro tumbar esa última resolución y que la tierra vuelva a ser de los reinsertados y campesinos.
Sin embargo, queda todavía un proceso pendiente, relacionado con una acción popular impetrada por la Procuraduría Ambiental y Agraria que ha solicitado declarar el 88% de este predio como área de conservación ambiental.
EL QUINDIANO habló con el abogado Osorio sobre estos tema y quien agradeció el acompañamiento en su carrera de litigante a varios abogados, entre ellos a José Norbey Ocampo. Entrevista completa en el siguiente vídeo…