Émerson Castaño En el año 2021, indicaron en los estudios previos: “Deterioro en cubierta por filtración de aguas lluvias que afecta la estructura de soporte” … “Humedades en paredes de baterías sanitarias”. En 2023, volvieron a reportar lo mismo: “En el centro de Bienestar para el adulto mayor CBA viene presentando humedades en las paredes de la cocina, comer y baños…” …

“Finalmente, se evidenció que los sanitarios y lavamos se encuentran en mal funcionamiento…”.
En 2021, la alcaldía de Filandia, bajo la administración del cuestionado alcalde de la época Jaime Franco Alzate, había diseñado el mecanismo “casi perfecto” para beneficiar a un contratista encargado de realizar algunos arreglos en el centro de Bienestar del Adulto Mayor y Centro Vida. A toda costa, debían adjudicar el contrato a una persona previamente elegida. El día ocho de octubre del 2021, el señor Gabriel Orlando Millán, le aprobaron $147.904.356 para mejorar la infraestructura del hogar para el Adulto Mayor y Centro Vida.
Sin embargo, el contrato del 2021 no se cumplió en su totalidad, y la obra quedó en peores condiciones que antes. Lo más grave del asunto es que se le había advertido al alcalde de la época de la falta de capacidad técnica del contratista para culminar con éxito el contrato.
Las humedades, el cambio de cielo raso de la cocina y las filtraciones de agua, que debían de solucionarse con dicho contrato, nunca fueron corregidas. Pasaron más de dos años antes de que el alcalde Jaime Franco Alzate utilizara los mismos estudios previos para justificar otro contrato destinado a la misma problemática. Dos años en los que nadie, ni siquiera los órganos de control, investigaron cómo en Filandia desaparecía el dinero y las obras no se ejecutaban a satisfacción.
El segundo contrato de 2023, destinado a remediar lo que el contrato anterior no logró, fue adjudicado a una mujer. El contrato de obra 007-2023, firmado por un valor de 64 millones de pesos, tenía la misión de reparar lo que quedó pendiente en 2021. Esto revela una cadena de favores, alimentada desde la administración municipal, con el fin de encubrir la corrupción generada desde el mismo gobierno local.

Posteriormente, este contrato recibió una adición por la suma 32 millones de pesos. En el acta de liquidación se lee: “Que, de acuerdo con los informes de supervisión, el contratista cumplió con las obligaciones pactadas en el contrato y como consecuencia de ello, el municipio efectuó los pagos correspondientes según lo contratado”.
Finalmente, la Procuraduría ha abierto un proceso disciplinario (Radicado IUC-2024-465418 / IUS D-2024-3778600) contra Jaime Franco Alzate para investigar las irregularidades en el contrato de obra 003 de 2021 SPL. Sin embargo, esto es solo el comienzo. La Fiscalía General de la Nación debe intervenir de manera inmediata, ya que los elementos de prueba que vinculan el segundo contrato de 2023 con el primero son suficientes para demostrar un patrón de corrupción. El segundo contrato demuestra la corrupción en el primero. No se trata de un caso aislado; estamos ante una gestión que ha dejado en evidencia el desvío de recursos públicos y la ineficiencia en la ejecución de obras necesarias para la comunidad.
Es imperativo que las autoridades tomen cartas en el asunto, no solo para sancionar a los responsables, sino para prevenir que estos hechos sigan ocurriendo. La ciudadanía de Filandia no puede permitirse seguir siendo víctima de contratos incumplidos y promesas vacías. Los organismos de control deben actuar con celeridad para que los recursos públicos sean utilizados de manera transparente y en beneficio de quienes más lo necesitan.
Para el municipio de Filandia, en una próxima columna, también es necesario examinar con detalle el contrato de obra 001 de 2019.