La Fiscalía General de la Nación no llevó a cabo la audiencia de formulación de imputación de cargos contra Sandra Milena Zuluaga Rincón por los delitos de peculado por apropiación en concurso heterogéneo y sucesivo de falsedad ideológica en documento público.
La mañana de este martes 24 de septiembre se iba a dar el proceso, pero se conoció que la señora Zuluaga iba a regresar el dinero, pero de igual manera se llevará a cabo la audiencia por lo hecho. A la fecha, la dama ha restituido más de $30 millones de pesos.
La Fiscalía 20 Seccional Anticorrupción de Armenia imputó cargos de corrupción a Ana Patricia Díaz Latorre, funcionaria del área de Talento Humano de la Gobernación del Quindío, por el delito de peculado por apropiación, ante el Juzgado Quinto Penal Municipal con Funciones de Control de Garantías de Armenia, en audiencia pública. La señora Díaz está señalada de cometer 56 eventualidades en concurso heterogéneo y sucesivo de falsedad ideológica en documento público.
El ente investigador penal aseguró en audiencia que Díaz Latorre, entre junio del 2020 a agosto del 2023 se apropió, al parecer, de $130 millones de pesos.
Las autoridades aseguran que esta mujer no actuó sola, también será señalada de estas acciones al margen de la ley -el próximo 5 de octubre- en audiencia de formulación de imputación de cargos la señora Sandra Milena Zuluaga Rincón, también funcionaria del ente departamental.
La Fiscalía dijo que estas mujeres se aprovechaban de sus funciones dentro de la Secretaría Administrativa de la Gobernación del Quindío, donde tenían entre otras funciones las de apoyar la elaboración de la nómina de los funcionarios activos del ente territorial lo que les permitía tener la disposición funcional sobre dichos recursos y los aplicativos que para tal fin utiliza la Gobernación denominado ‘Humano’.
La imputada, presuntamente, modificaba quincenalmente los pagos a los que por su labor tenía derecho incrementando y liquidando los valores de su salario los cuales eran tomados del recurso público y consignados a sus cuentas personales para lograr su cometido.
Díaz Latorre, según el ente investigador penal, de manera individual, alteraba el software de la entidad y su nómina y, supuestamente, incluía información falsa y contraria a la veracidad, además, imprimía -al parecer-, los documentos soportes que eran enviados al jefe de Talento Humano de la Gobernación del Quindío para esa época, para la revisión y posteriormente a la Secretaría de Hacienda para el análisis y posterior desembolso.
Estas acciones al margen de la ley se habrían presentado en por lo menos 56 oportunidades y según el peritazgo, correspondió a $56 millones a Díaz Latorre y $74 millones a Zuluaga que está devolviendo el dinero y sirviendo como testigo en el caso.
Díaz Latorre no aceptó cargos porque busca un preacuerdo al igual que Zuluaga a través de la restitución del dinero, pero igual el proceso sigue.
