Émerson Castaño
Para el año 2022, la empresa para el desarrollo Territorial PROYECTA había firmado más de 100 Contratos de Prestación de Servicios (en adelante, CPS). En los CPS firmados desde el 28 de enero, con un plazo de ejecución de seis meses, se evidencia un patrón común en la mayoría: el valor pactado ascendía a $20.670.000.
Los CPS números 001, 002, 008 y 009, tenían las mismas obligaciones para los contratistas. En resumen, cuatro personas fueron contratadas por PROYECTA para desempeñar las mismas funciones. El contrato número 011 fue adjudicó a la persona Paola Jimena Bedoya López, cuyas obligaciones incluían lo siguiente: “Realizar las actividades necesarias para la publicación de dos (2) avisos mediante una ventana regional de un aviso publicitario e informativo en un separador de 16 cm x 9cm en el informador “Despierta Quindío”.
Otra obligación del contrato era: “Acatar las recomendaciones realizadas por la EMPRESA PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL…” Y, más adelante, se añade: “Guardar la respectiva confidencialidad de los asuntos sometidos a su conocimiento…”. Curiosamente, en dicho contrato, se incluyó una dirección de residencia sin especificar la ciudad. Lo único que sí aparecía completo era su número de celular, que al ser verificado resultó pertenecer a una empresa llamada “Bienes raíces Juan de Armenia”. Este contrato se firmó por un valor de $11.400.000.
Para el año 2022, hubo una clara preferencia por amigos del gerente de la época. Consideremos los CPS números 024, 025 y 071. Para el primero (024) fue pactado por $30.000.000, mientras los contratos 025 y 071, adjudicados a los famosos hermanos Noreña Castro, fueron por 30 millones de pesos y $22,728,870, respectivamente. Una de las obligaciones comunes a ambos contratos era: “Guardar la respectiva confidencialidad de los asuntos sometidos a su conocimiento”.
No solo hubo preferencias hacía personas del departamento de Caldas. En el análisis de los contratos pagados en el año 2022, también se evidencia que ciudadanos de la ciudad de Armenia participaron de la contratación, con valores incluso superiores a los de las personas de Caldas (especialmente de Manizales y Villamaría). Un ejemplo de ello es el contrato número 076-CPS de Sandra Patricia Sánchez Cañas, pactado por un valor de $43,495,326, con un plazo de seis meses.
Sin embargo, la señora Sandra Sánchez Cañas no fue el caso más destacado. Curiosamente, parece que hay quienes creen que la Corte Suprema de Justicia debería escuchar lo que ella sabe del caso de corrupción en PROYECTA. Además, junto a ella, debería la Corte interrogar al señor Héctor David Guzmán Gualteros quien firmó un contrato (No. 085) por un valor de $49.500.000, también con un plazo de seis meses.
Los más preocupante de la avalancha de contratos firmados por quienes permitieron el saqueo del país a través de la empresa PROYECTA es porque los contratos número 087, 088, 089, 090, 091, 092, 093 y 094 se diseñaron para que los contratistas realizaran las mismas funciones. Ocho personas fueron contratadas por $ 40.500.000 cada una, para realizar en seis meses las mismas actividades. Quizás un mismo informe servía para todos. —ver los contratos—.
Para este año 2024, la nueva gerente de PROYECTA se jacta de actuar “con total transparencia”. Sin embargo, hasta la fecha, la señora Lina Marcela Roldan Prieto, ha firmado 181 contratos de prestación de servicios, al igual que su predecesor, Pablo Cesar Herrera, privilegiando a los más cercanos para quedar bien con los que se creen los más poderosos en el Quindío.
El señor Iván Darío Escobar Echeverri, ha firmado dos contratos (CPS) con PROYECTA. Y su esposa, la señora secretaria de turismo, Juana Camila Gómez Zamora, lo saluda desde su oficina. Una bonita familia que están aprovechando su cuarto de hora.

Finalmente, a la Fiscalía Generación de la Nación parece habérsele olvidado que también debe poner bajo lupa los contratos de prestación de servicios de la empresa PROYECTA.