El acta fundacional del Fondo Mixto de la Cultura y las Artes del Quindío es una Ordenanza de la Asamblea Departamental del año 1992. En ella aparecen como socios la Gobernación del Quindío, el Instituto Colombiano de Cultura y la Cámara de Comercio de Armenia. El objetivo era claro: Promoción de la cultura y las artes en el departamento.
El escándalo surgido ahora con la desvirtualización de su objeto social, que se fue a la contratación de todo tipo de obras, incluso las de infraestructura vial y de edificaciones, generó los interrogantes sobre la actuación de los accionistas en estos espinosos temas. Temas donde el Fondo se convirtió en ejecutor de dineros del Sistema General de Regalías, destinados a municipios de diferentes departamentos colombianos, en donde en solo los departamentos de Putumayo y Valle del Cauca tiene contratos por casi $25.000 millones de pesos.
La Cámara de Comercio
EL QUINDIANO consultó al presidente ejecutivo de la Cámara de Comercio de Armenia y el Quindío Rodrigo Estrada Reveiz, quien fue enfático en afirmar que la entidad nada tuvo que ver con el cambio del objeto social del Fondo ni mucho menos en la contratación que se cuestiona ahora.
“La cámara, a través de la doctora Zulma Lucía Uribe, presentó renuncia irrevocable a la representación que tenía en el Fondo Mixto, el día 27 de noviembre de 2006. Esto consta en carta dirigida al representante legal del fondo de ese entonces quien recibió debidamente la comunicación. Por lo tanto, desde el 27 de noviembre de 2006 no integramos la junta directiva de esa entidad”, explicó Estrada.
Y dijo: “En cuanto a nuestra participación como asociados, es importante resaltar que desde esa época dejamos de asistir a cualquier reunión que se llegara hacer del Fondo. Desde el año 2010, o incluso antes, los estatutos sociales del Fondo en su artículo 12 establecen las causales de exclusión de los asociados de la entidad, señalando entre otras que, la inasistencia a dos o más reuniones de la asamblea ordinaria se configura como una causal de exclusión de los asociados. Por lo tanto, dando aplicación a los estatutos, nuestra inasistencia a las reuniones de la asamblea desde hace tanto tiempo, Implicaba nuestro retiro o exclusión de la entidad en calidad de asociados. Adicionalmente los estatutos también mencionan que para conservar la calidad de asociado es necesario efectuar los aportes o contribuciones fijadas en los estatutos; aportes que esta Cámara nunca realizó después de la fecha que mencionamos por lo que nuestra calidad de asociados a la entidad desapareció también por esta causa”.
Frente al cambio del objeto social del Fondo, el presidente de la Cámara Rodrigo Estrada informó: “En lo que tiene que ver con la reforma a los estatutos en cuanto al objeto social, la ampliación del objeto a actividades funciones y demás respecto de obras de construcción, temas de infraestructura y otros, fue incluida en el objeto de la entidad con la reforma contenida en acta 180 de diciembre de 2021, la cual fue inscrita en la Cámara el 28 de marzo de 2022, fecha para la cual nuestra Cámara desde hacía mucho tiempo ya no era integrante de la asamblea y por lo tanto no podía participar en las decisiones tomadas por el máximo órgano y, por supuesto, no tenía injerencia alguna en la decisión de la ampliación del objeto”.
En conclusión, dice Estrada, “para la fecha en que fue aprobada la ampliación de la reforma a las actividades que hoy son objeto de controversia, la Cámara no hacía parte de la entidad ni como asociado ni como miembro de junta directiva”.
El ministerio de Cultura
EL QUINDIANO abordó al viceministro de las Artes y la Economía Cultural y Creativa Jorge Zorro, en el pasado Encuentro de Medios de Comunicación Alternativa realizado en Armenia, y le preguntó sobre la responsabilidad de este ministerio, como socio fundador del Fondo Mixto. El viceministro Zorro advirtió que no tenía ningún conocimiento sobre el particular, pero atinó a decir que el Ministerio ya no participaba como socio en ningún Fondo Mixto de la Cultura en los territorios del país.
EL QUINDIANO tuvo acceso a la Ley 962 de 2005, que en su capítulo XII, Artículo 74, el Ministerio de Cultura cede al ente territorial, Gobernación del Quindío, sus acciones en el Fondo Mixto. En consecuencia, la Gobernación del Quindío quedó con el 99% de las acciones fundacionales de la entidad. Por tanto, el Ministerio no tiene ninguna representación en la asamblea ni en la junta del Fondo.
La Gobernación del Quindío
EL QUINDIANO consultó al secretario de Cultura del Quindío Felipe Robledo, como entidad delegada de la Gobernación ante el Fondo Mixto, sobre el papel que cumple el ente territorial en este Fondo. Robledo dijo que no tenía claro la participación de la Gobernación en la Asamblea del Fondo del 2021 donde se amplió el objeto social de la entidad, pero creía que no había habido una participación directa
Indicó que el gobierno departamental solo tiene un miembro en la junta directiva del Fondo, a pesar de tener el 99% de las acciones fundacionales. Explicó que hoy el Fondo es una entidad autónoma donde participan dos delegados del Consejo Departamental de Cultura, un delegado del Gobernador y uno elegido por las casas de la cultura de los municipios y uno por los socios aportantes del sector privado.
“La injerencia de la Gobernación es mínima, el Fondo es una entidad autónoma, y en las decisiones que se han tomado de contratación no se ha intervenido, el gobierno no ha autorizado dicha contratación”.
Conclusión
Como conclusión de lo expresado por los socios fundadores, la responsabilidad de las modificaciones de los estatutos, de la desvirtualización del objeto social, del cambio de este para contratar obras públicas de infraestructura con dineros de Regalías y sin licitaciones públicas, es del gerente Albert Yacer Quintero y la junta directiva, cuyos miembros son los siguiente: Heberth Vigoya Sarmiento, representante del Gobernador; Jairo Nieto Morales, representante de las casas de la cultura de los municipios; Gladis Quintero Isaza y Ligia Inés Vélez, delgadas del Consejo Departamental de Cultura, y Daniel Gómez, representante de los socios aportantes del sector privado.