Mg. Christian Ríos M.

Politólogo Internacionalista

Para analizar los efectos finales del paro camionero que se gestó a finales de agosto y principios del mes de septiembre,se deben tener en cuenta múltiples aristas de un problema que terminó desembocando en manifestaciones sociales con afectaciones estructurales en los diversos sectores económicos y políticos del país. Aunque el detonante fue el aumento en el precio del diésel, congelado por más de cuatro años, los impactos abarcan desde la inflación de productos básicos hasta el manejo fiscal del país, además de tener consecuencias políticas que pueden perdurar hoy por hoy.

El paro camionero no fue un evento aislado, sino la culminación de tensiones acumuladas. Desde 2020, el precio del diésel estuvo subsidiado debido a la decisión del gobierno de Iván Duque de congelarlo durante la pandemia. Esto creó un déficit significativo en el Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (FEPC), que había alcanzado 56 billones de pesos para 2024 ​(Cifras estipuladas por Uniandes). El gobierno de Gustavo Petro optó por un aumento gradual del precio de la gasolina, pero el ajuste en el precio del diésel, anunciado el 30 de agosto de 2024, fue lo que desató el paro. Este incremento afectaba directamente los costos de operación del transporte de carga, vital para la economía colombiana, especialmente en un contexto de desaceleración económica y caída de las exportaciones actuales​.

Uno de los grandes impactos económicos directos significó el aumento de los precios de los alimentos. Por ejemplo, en Bogotá, los precios de productos de la canasta básica, como frutas y verduras, aumentaron entre un 40% y 60%​(Bogota.gov). Esto se debió a los bloqueos que afectaron el transporte de bienes perecederos desde las regiones productoras hacia los centros urbanos y que generaron grandes cargas de alimentos perdidos sin haber llegado a su destino. Además, sectores como el hotelero y el gastronómico también sufrieron, con pérdidas diarias que superaron los 30 mil millones de pesos. Esto se debió en gran medida a la interrupción en la movilidad y a la reducción del turismo interno y del consumo en restaurantes, así como a la escasez de productos alimenticios necesarios para su operación. Otro de los efectos fue el aumento del costo del transporte público en ciudades capitales, ya que el diésel es fundamental para la operación de autobuses y otros medios de transporte. También, muchas ciudades intermedias registraron desabastecimiento de gasolina generando problemas económicos internos y aumento desenfrenado de productos debido a la incertidumbre, el caos y la escasez. 

Esta situación generó preocupación sobre un posible impacto en la inflación general del país si el paro se hubiera extendido por más tiempo, entendiéndose que la prolongación de este freno económico la afectaría sustancialmente, especialmente en los productos perecederos. Aunque no se llegó a los niveles de inflación vistos en paros anteriores, las primeras estimaciones sugieren un aumento en el costo de vida de los colombianos debido a la escasez de productos en las ciudades principales. Las estimaciones plantean que la inflación proyectada podría alcanzar entre un 5% y 8% adicional si el paro hubiese durado más de una semana.

En el ámbito político, el paro camionero puso a prueba la capacidad del gobierno de Gustavo Petro para manejar la protesta social y la relación con los gremios transportadores. Los camioneros lograron forzar al gobierno a negociar, lo que algunos sectores interpretaron como un debilitamiento de la autoridad gubernamental​. En particular, se criticó la falta de un plan claro por parte del gobierno para abordar la cuestión del déficit del FEPC, que podría pasar de 12 a 19 billones de pesos si no se corrige adecuadamente​. 

Sin embargo, otro aspecto a tener en cuenta en el impacto político, se extiende más allá de las negociaciones con los transportadores, pues este conflicto se dio en un contexto de desconfianza hacia las políticas económicas del gobierno, en especial en lo referente al manejo del déficit fiscal y las reformas tributarias propuestas por Petro. Los gremios transportadores no solo buscaron la reducción en el costo del diésel, sino también mejores condiciones para competir en un mercado que ha visto un descenso en las exportaciones, lo que implica una menor demanda de servicios de transporte​. 

Desafíos para el futuro

El conflicto evidenció un desafío mayor, la necesidad de una reestructuración del sector transporte en Colombia. Los transportadores reclaman una revisión de la tabla de fletes para evitar que el aumento del diésel sea asumido únicamente por los pequeños transportistas, que ya enfrentan dificultades debido a la sobreoferta de vehículos y a la desaceleración de la economía​ actual. Además, el incremento sustancial de los problemas de seguridad y de orden público en diferentes regiones del país, que afectan gravemente la circulación de mercancías, y la incertidumbre sobre las políticas fiscales a futuro crean un entorno poco favorable para la recuperación económica.

En resumen, el paro camionero de septiembre de 2024 puso de relieve los problemas estructurales del sector transporte y las tensiones políticas en torno a las decisiones económicas del gobierno. El manejo de estos conflictos en los próximos meses será clave para el futuro económico y político del país. Además, el paro no solo subraya los problemas inmediatos de este sector, sino también una necesidad urgente de revisar políticas fiscales y energéticas más amplias. El manejo de las consecuencias del paro y las decisiones económicas que se tomen en el futuro determinarán si el gobierno puede retomar el control de una situación que parece haberlo superado momentáneamente.