Concluidas las audiencias de los presuntos integrantes de una red de estafadores que operaba en varias regiones como el Eje Cafetero, Valle del Cauca, Tolima, y otros departamentos, ninguno de los imputados aceptó los cargos por concierto para delinquir y estafa y la Fiscalía solicitó medida de aseguramiento en centro carcelario para la mayoría de los procesados, excepto a dos que carecen de antecedentes penales.
Los presuntos integrantes de la banda fueron identificados como Francisco Norberto Antonio Perea (alias Negro Perea o Palomino), Raúl Amando Camacho Betancourth, Uriel Antonio Loaiza Cardona (alias el Abejorro o Mono), Oscar Julián Rivera Salazar (alias Chicha), José Roberto Agudelo Sánchez (alias Aguevardo o Bobo), José Hugo López Giraldo (alias el Calvo), Jhon Alexander Hernández Castrillón (alias Mono Chiquito o Zarco), y Oscar Eduardo Sepúlveda Saraza (alias Pañales).
Según lo manifestado por la Fiscalía 51 EDA que llevó la investigación junto con agentes del CTI, el proceso inició tras una denuncia por estafa presentada el 16 de enero de 2023. La banda, autodenominada los Capucheros, operaba principalmente en el Eje Cafetero, pero su influencia se extendía a departamentos como Valle del Cauca, Tolima, Cundinamarca, Meta, Boyacá, Caquetá, y Cauca, con su centro de operaciones en Pereira.
Los investigadores lograron establecer que los presuntos integrantes adquirían múltiples SIM cards telefónicas, utilizadas exclusivamente para contactar a sus víctimas, a quienes detectaban a través de redes sociales, directorios telefónicos, o volantes de propaganda, quienes ofrecían productos como ganado, café, maquinaria, vehículos, ropa, electrodomésticos y oro. Una vez realizado el contacto, procedían a hacer un pedido por montos que oscilaban entre tres y cien millones de pesos y realizaban la consignación de pago con un cheque sin fondos de entidades bancarias conocidas.
La estrategia del grupo consistía en realizar las consignaciones de jueves a sábado, permitiendo que el cheque entrara como consignación en canje pero solo el martes o miércoles se vería reflejada la estafa, tiempo que les permitía cerrar los negocios y retirar las mercancías, antes de que el cheque fuera rechazado por falta de fondos. Una vez completada la transacción, las SIM cards eran destruidas, evitando así cualquier rastro que pudiera vincularlos con las estafas o ser contactados y evadir a las autoridades judiciales.
Por su parte, los presuntos integrantes de la banda negociaban rápidamente la mercancía con diferentes personas, dependiendo del tipo de producto. Las víctimas, tras descubrir que el cheque utilizado no tenía fondos, y que habían perdido tanto el dinero como la mercancía, denunciaron ante la Fiscalía, en total se reunieron cerca de 29 denuncias, sin contar con las que no se atrevieron a hacerlo.
