El ministro de Educación Nacional José Daniel Rojas Medellín radicó ante el Congreso de la República el proyecto de ley «Acuerdo Nacional por la Educación Superior», una iniciativa que busca modificar los artículos 86 y 87 de la Ley 30 de 1992 con el propósito de garantizar una financiación adecuada y sostenible para las universidades e instituciones técnicas, tecnológicas y universitarias estatales u oficiales del país.
La importancia de este Acuerdo radica en que el esquema de financiación para las Instituciones de Educación Superior públicas no cuenta con medidas que respondan al aumento de la matrícula, el comportamiento de los costos y gastos salariales, entre otras; siendo así que, entre los años 2000 y 2023, la matrícula en las IES públicas aumentó un 176%, mientras que las transferencias de la Nación solo se incrementaron en un 62% en términos reales a precios de 2023.
El ministro Daniel Rojas Medellín informó que el proyecto de ley propuesto busca, en un horizonte de 15 años, alcanzar una inversión del 1% del PIB en la educación superior del país, acercándose con el promedio de la OCDE. Actualmente, Colombia invierte aproximadamente el 0.54% del PIB, y aunque se han hecho esfuerzos por aumentar la financiación, el país aún está lejos de los promedios de los países desarrollados.
Además de la financiación, el proyecto también se enfoca en mejorar la cobertura educativa. Al respecto, el titular de la cartera educativa resaltó que la tasa de cobertura bruta en educación superior en Colombia es del 55,38%, muy por debajo del 80% al que en promedio llegan otros países. También, se enfatizó la necesidad de desconcentrar la oferta educativa, que actualmente se centra en grandes regiones como Bogotá, Antioquia, el Valle del Cauca y Santander, dejando grandes brechas en territorios históricamente excluidos.
«Sabemos que nos queda mucho por recorrer, pero este acuerdo nacional, que supera ideologías y estratos, nos une como colombianos y colombianas. La financiación es el primer paso para transformar la educación y garantizar el acceso equitativo a todos», afirmó el ministro.
El nuevo modelo de financiación propuesto para las IES públicas contempla el Índice de Costos de la Educación Superior (ICES) o el Índice de Precios al Consumidor (IPC), el que sea mayor, calculado anualmente por el DANE. Asimismo, asigna recursos equivalentes al 0,05% del Producto Interno Bruto calculado por el DANE en el primer año de aplicación de la Ley, para establecer la base presupuestal de las ITTU estatales u oficiales, incluidos los establecimientos públicos del orden territorial en los que la nación no concurre para su financiación.
Por otro lado, establece recursos adicionales del Presupuesto General de la Nación para aumentar el acceso, permanencia y graduación de estudiantes en las IES públicas, mejorar la calidad y pertinencia de la oferta educativa, fortalecer las plantas docentes y administrativas, y financiar proyectos de infraestructura y fortalecimiento institucional, así como para garantizar la sostenibilidad de nuevas seccionales, sedes o lugares de desarrollo.
