Esta es una pregunta regular en Armenia y en todo el país. En nuestro medio se está volviendo paisaje ver en las calles deambular y ‘dormir’, ya no a decenas, sino a cientos, incluso a miles de personas en situación de calle. Los ciudadanos reclaman una acción urgente por parte de las autoridades, pues suponen que la responsabilidad directa es del Estado. Y, en gran parte tienen razón.
Sin embargo, no hay una política pública eficaz para controlar este fenómeno cultural y humano. La gran mayoría de los habitantes de calle que vemos durmiendo en los andenes y en los portales de casas y negocios de Armenia, tienen un problema de adicción a las drogas alucinógenas, que debe ser tratado como un enfermo psiquiátrico. Muchos de ellos representan un peligro social, pues se ponen violentos y utilizan armas contundentes para atacar a la gente. Una gran mayoría son pasivos, pero no dejan de causar malestar por su aspecto de abandono y nada de higiene.
Además, se convirtieron en visitantes permanentes de los parques, donde dejan sus excrementos y su orina, incluso sus trapos sucios después de meterse al agua, como en el caso del parque Fundadores. También cargan un costalado de basura, que van arrojando en cualquier parte. Incomodan en los restaurantes y en las esquinas pidiendo dinero y comida. Por todo esto, la pregunta es recurrente: ¿Qué vamos a hacer con los habitantes en condición de calle?
El problema es que en Colombia la Constitución y la Ley no permite, contra la voluntad de estos, encausarlos a un tratamiento psiquiátrico. Las normas sobre libertad y libre albedrío de la personalidad y de la movilidad, no deja que los alcaldes en cada municipio tomen medidas para controlar este drama humano que vemos a diario.
Pero, alternativas sí hay. Y la delantera en América Latina la tomó Uruguay. Este país comenzó a aplicar desde hace ya un tiempo una ley que habilita la internación involuntaria de quienes viven en la calle. Una decisión aprobada por el Parlamento, que autoriza que las personas que están a la intemperie y que atraviesen una descompensación por patologías psiquiátricas o consumo de drogas puedan ser internadas sin su consentimiento. Esto no es posible en Colombia, la ley no lo permite.
En Uruguay, desde el pasado 25 de agosto, cualquier persona que viva en la calle podrá ser internada, incluso sin su consentimiento, en los casos en que represente un riesgo para sí mismo o para terceros. Se trabaja con un equipo médico encargado de certificar que la persona requiere internación para ser compensada y se encargan de trasladarla a un centro de salud cercano. Si el afectado no accede a ese traslado, los funcionarios solicitarán la intervención de la Policía.
Cuando la persona se recupere en el lugar donde ha ido para sanarse, debe ofrecérsele alternativas para que no vuelva a la vida callejera. Incluso, llegar a hogares asistidos y según la patología que tenga la persona, se definirá su destino.
¿Dónde están los congresistas quindianos, o de otro departamento, que propongan una solución racional y viable para este tipo de problema que viven las ciudades colombianas y, sobre todo, una enorme cantidad de seres humanos?
La legislación de Uruguay sobre el tratamiento al habitante de calle es un buen ejemplo para empezar el trabajo. Si no hay permiso efectivo de la Ley y la Constitución para ejecutar políticas de intervención directa a estas personas enfermas que invaden las calles de las ciudades, no es posible solucionar este fenómeno. Es urgente no solo un estudio serio, sino una propuesta concreta, que incluya sanatorios especiales, con tratamientos especiales, para que no sigamos asistiendo a este drama humano que nos toca que vivir a diario con las personas en condición de calle.Actuemos, por lo menos, con la idea que nos ofrece ahora el gobierno de Uruguay.
