Francisco Osorio Toro

CABILDEO: el desfalco inmobiliario a los ciudadanos de Armenia

Desde el 22 de Febrero cuando se dio el primer debate sobre los constructores que han vendido proyectos de vivienda y han defraudado a los ciudadanos que decidieron invertir sus ahorros en ellos se creó una comisión accidental integrada por los concejales Luis Fernando Lasprilla, Cristian Fernández y German Grisales, la semana anterior ellos alentaron el segundo debate sobre un problema de grandes proporciones que afecta de manera considerable los intereses de 10.000 familias por un monto económico de 100.000 millones de pesos.

Constructores llegados de España, Chile y algunos de nuestro suelo colombiano se han encargado de romper los sueños de nuestros ciudadanos, de tener una vivienda digna y, han visto esfumarse de manera infame sus ahorros, al depositar su confianza en constructoras de dudosa credibilidad. 

El estado poco o nada puede  hacer para proteger a sus ciudadanos de la acción delictuosa de los mal llamados constructores, porque la legislación no contempla normas claras sobre este problema.

En el caso de Armenia el concejo municipal creo una norma que le da facultad a planeación municipal para intervenir dichos proyectos cuando entran en crisis económica, pero no se sabe que es peor, si la cura que la enfermedad, al tenor de la intervención, se produce una parálisis total de los complejos habitacionales, la mayoría de ellos sin concluir.

Abordamos a los concejales miembros de la comisión accidental y esto nos dijeron:

Luis Fernando Lasprilla: Se hace imposible que estas constructoras le puedan cumplir a las personas, porque con los informes que han presentado vemos que cada día que pasa se agudiza más el problema, ya que el daño está hecho, lo que tenemos que hacer es empezar a prevenir que esto siga ocurriendo, hoy habíamos citado a los parlamentarios nuestros, pero lastimosamente no asistieron y para poder dar garantías a la comunidad en el mercado inmobiliario necesitamos que nos asista una ley de la republica de manera claray contundente, que ampare los derechos de los adquirientes.

Cristian Fernández: Esto es peor que el tema de valorización porque hay envolatados casi 100.000 millones de pesos y no basta con que planeación sea el agente interventor, lo que hace el interventor es mirar el monto de los activos de la empresa defraudadora y de manera equitativa devolver el dinero a los afectados de acuerdo a su inversión y esto apenas cubre una mínima parte del dinero invertido.

Al estado le ha faltado mucha más atención a este problema que abarca a todo el país. Hay personas con afecciones de tipo salud mental producto de ver desaparecidos sus ahorros de toda la vida de trabajo, familias destrozadas, es hora de ponerle punto final a este abuso inmobiliario.

Yo le aconsejo a las personas que acudan a constructoras serias (aquí en Armenia hay varias) antes de tomar la decisión de invertir, asegúrese de la seriedad del proyecto.

German Grisales: Es muy compleja la situación de estas personas que han firmado promesas de compra y venta y al día de hoy no tienen ni su vivienda ni cómo recuperar el dinero entregado a estos constructores, queremos que los agentes interventores de planeación nos cuenten que gestión han realizado hasta el día de hoy, ya que ellos han asumido el rol de los constructores y están encargados de llevar los proyectos a feliz término o tomar la decisión de liquidar el proyecto y devolver el dinero a los compradores. Tiene que darse una norma constitucional que así como habla del derecho a una vivienda digna también considere la protección de los ahorros de los colombianos, destinados a conseguir esa vivienda digna.

Los parlamentarios del Quindío brillaron por su ausencia, y no se han dado por entendidos del calvario que viven las familias defraudadas por el incumplimiento de los constructores peregrinos, pues la mayoría de ellos son foráneos.