Gilberto Zaraza Arcila
La licitación pública para la obtención de los pasaportes se convirtió en un problema de Estado. El Ministerio de Relaciones Exteriores(MRE) inició el proceso licitatorio enmayo de 2023, fue suspendido en julio y declarado desiertosin fundamentos fácticos, jurídicos y técnicos en septiembre, según la Procuraduría. Y haciendo caso omiso de la recomendación de la Directora de la Agencia de Defensa Jurídica del Estado Dra. Marta Lucia Zamora y del Comité de Conciliación de la Cancillería, que recomendaron conciliar para evitar una multimillonaria demanda que perdería el Estado.
El Canciller Álvaro Leyva en vez de acatar la atinada sugerencia, en una demostración de machismo y altanería,dijo que no le preocupaba que demandaran al Estado. Que tendrían que notificarle en la tumba. Y, además gritó, maltrató y descalificó a la Dra. Zamora por supuestamente no defender al gobierno, e intrigó ante el presidente para que le exigieran la renuncia. Todo para darle gusto a la orden del presidente de no adjudicar la licitación con un solo oferente.Olvidando la frase del libertador Simón Bolívar: “Flaco servicio le presta el subalterno al gobernante que siempre le concede la razón”.
Decisión que dejó muchas suspicacias, si se relaciona con la denuncia que hizo la Dra. Zamora de una reunión en el Hotel Le Grand de Paris, entre Jorge Leyva hijo del Canciller y los abogados Juan C. Losada director de asuntos jurídicosinternacionales del MRE y el cuestionado Alex Vernot abogado de Carlos Mattos, con la que se buscaría influir en la entrega futura del contrato de los pasaportes.
De manera ilegal declararon la urgencia manifiesta de acuerdo con la Contraloría General, para suscribir un contrato con Thomas Greg & Sons por $198.9000 millones que vence el próximo 2 de octubre.
El pliego de condiciones y requisitos fue elaborado por el MRE con el visto bueno del canciller. Solo se presentaron 2 oferentes y el único que cumplió todos los requisitos y obtuvo el máximo puntaje fue la afirma Thomas Greg & Sons, y por lo tanto se le debía adjudicar la licitación por $599. 651 millones.
Ante estos hechos la Procuraduría inició una investigación disciplinaria por las irregularidades cometidas y suspendió por 3 meses al ministro Álvaro Leyva. El secretario general del ministerio José Antonio Salazar reasumió la dirección del proceso y procedió por resolución a adjudicar la licitación al oferente que legítimamente había ganado el derecho al contrato.
En enero del 2024 se inició una nueva licitación para el mismo propósito por $416.146 millones, pero fuesuspendida desde el mes de febrero por numerosas observaciones al pliego de condiciones presentadas por los interesados.
Dentro de 34 días vence el contrato y no hay quien suministre los pasaportes. Debido a la incompetencia y negligencia de la Cancillería para conseguir otras firmas con la capacidad técnica, financiera y la experticia para elaborar los pasaportes, tendrá que volver a declarar la urgencia manifiesta y adjudicar una vez mas de manera directa otro contrato con la misma firma; a la que Petro dio la orden de no adjudicarle la licitación porque hay corrupción y que ha descalificado por formar parte de un supuesto cartel de contratación.
Como es inminente el fallo del Tribunal Administrativo de Cundinamarca sobre la demanda presentada, porque ya anunció que habrá sentencia anticipada donde el Estado perdería el pleito y tendría que pagarle a Thomas Greg & Sons $117.000 millones; ha solicitado la colaboración de la Procuraduría y la Contraloría para convocar a la firma mencionada a una mesa de trabajo para llegar a una conciliación.
El gobierno debe aprender la lección, para evitar másescándalos y vergüenzas. Actuar guiado por el capricho y la soberbia desconociendo la legislación contractual solo llevan a cometer errores garrafales y a incurrir en injusticias como la salida del gobierno de la Dra. Zamora y a la destitución del Dr. José A. Salazar, por recomendar y hacer lo que la ley ordena.
El presidente que prometió respetar y proteger a la mujer artífice de su triunfo, está permitiendo que funcionarios del gobierno se conviertan en maltratadores y acosadores laborales de las mujeres. Premiar al irascible embajador Armando Benedetti que irrespetó e insultó a Laura Sarabia la mujer más poderosa del gobierno y que amenazó con un cuchillo a su exesposa, no tiene ninguna justificación y le hace mucho daño a la imagen de por si deteriorada del gobierno.
La falta de planeación, coordinación, comunicación, sensatez y ecuanimidad es un mal endémico en el gobiernodel “cambio”.